Venezuela
transitó casi todo el siglo XIX y buena parte del XX bajo la égida de caudillos
y jefes militares que se prevalieron de su condición para monopolizar el poder
político en el país. Así, a sangre y fuego, dejamos de ser una colonia del
Reino de España para edificar una República a trompicones, donde la democracia
lució siempre como una aspiración lejana y difícil de concretar.
Aún y cuando
naturalmente existieron atenuantes, de José Antonio Páez a Juan Vicente Gómez (pasando por los Monagas,
Guzmán Blanco y compañía), el país se balanceó casi siempre entre la precariedad
institucional y la necesidad permanente del hombre fuerte que dirigiera los
destinos de la Nación; todo ello en un marco de profunda inequidad social donde
el latifundismo, la corrupción, el abuso de poder, la persecución a la
oposición al régimen de turno y las limitaciones a la libertad de expresión y
asociación eran sólo algunos de los males que una maltrecha sociedad debía
sortear.
De allí que, como
señalamos más arriba, la democracia luciera como algo tan utópico en aquel
entonces: el tutelaje de los hombres de armas –encarnados primero en los
caudillos que legó la Guerra de Independencia y luego en los militares de
formación propios de la primera parte del Siglo XX- sobre la función pública
chocaba frontalmente con la aspiración popular de desarrollar una democracia
con un sistema de partidos políticos, libre ejercicio de la prensa, defensa de
las libertades y derechos civiles de los ciudadanos, imperio de la Ley,
búsqueda de disminución de la pobreza y, sobre todo, donde la conquista del
poder se dirimiera a través de elecciones realmente libres y abiertas a la
participación masiva de todos los estratos sociales.
¿Estaba el
pueblo venezolano preparado para la democracia? ¿Aspiraban los venezolanos la
instauración del sistema democrático en nuestro país?. En el criterio de varios
autores que eran partidarios del sostenimiento de los regímenes basados en el
personalismo y la voluntad de un hombre fuerte este par de interrogantes tenía
una respuesta negativa, siendo el más conspicuo representante de esta tesis el
doctor Laureano Vallenilla Lanz. Según este acérrimo defensor del gomecismo, la
trayectoria histórica de Venezuela daba suficientes luces para afirmar que
nuestra sociedad no estaba preparada para decidir por sí misma y así, como si
de niños pequeños se tratase, debían contar siempre con un padre que a
través de su autoridad y capacidad para infringir miedo, les guiara.
Con el correr de
los años quedaría en evidencia que las presunciones de Vallenilla Lanz eran
inciertas: los venezolanos, a través de la instauración del régimen
democrático, fueron capaces de alcanzar un cúmulo de realizaciones
considerables en diversos ámbitos, al punto que –aún con sus falencias- nuestro
país se constituyó en un modelo de estabilidad política y desarrollo para el
mundo por varias décadas.
En este sentido,
consideramos que en el tránsito de la sociedad venezolana de los regímenes
autoritarios hacia la democracia hay tres momentos o episodios que comportan
una alta importancia en su parto, puesta en escena y desarrollo. Estos tres
momentos son: la redacción del Plan de Barranquilla por Rómulo Betancourt y sus
colaboradores (1931), el ejercicio de gobierno de la Junta Revolucionaria de
Gobierno, episodio que también se conoce como “El trienio adeco” (1945-1948) y,
finalmente, la firma del Pacto de Puntofijo (1958).
Nuestro criterio
de selección en este caso estriba en aspectos que consideramos fundamentales
para la instauración del régimen democrático en Venezuela y que a su vez se
desarrollan dentro de los tres momentos históricos que hemos seleccionado: 1)
La toma de conciencia sobre los problemas que truncaban la construcción del
camino democrático en el país, así como la creación de una propuesta
programática ante ellos, 2) La creación de partidos políticos modernos, 3) La
instauración de las elecciones libres y plurales como método para conquistar el
poder político, 4) Creación de la concepción del poder civil en Venezuela, por
lo que los militares se someten a los civiles, 5) Construcción de una política
de consensos entre actores altamente representativos de los intereses de la
sociedad para lograr la estabilidad democrática en el país.
La redacción del Plan de Barranquilla
Este documento,
redactado por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y otros dirigentes políticos que se
encontraban el exilio en 1931 es quizá el primer análisis –con fines de
oposición a Juan Vicente Gómez- que se hace de manera completa a la situación
que atraviesa el país en la primeras décadas del Siglo XX. Allí además se
incluirán una serie de propuestas programáticas que contrastan con lo que para
entonces era el estado de cosas natural en la vida política venezolana.
Así pues, el
cuadro económico y social descrito por Betancourt en el Plan de Barranquilla no
es otro que el de la Venezuela depauperada y atrasada de principios de Siglo
XX. En palabras textuales de Betancourt -y de quienes le acompañan en la
confección de este trascendental documento político- para aquel entonces
nuestro país atravesaba por un contexto caracterizado por tres elementos: el
sostenimiento de una organización económica semi-feudal, la permanencia en el
poder del caudillo como figura estelar y el proceso de doblegación a la penetración
del capital extranjero.
En primer
término, los autores del Plan contextualizan el problema argumentando que una
vez finalizada la lucha por la independencia de Venezuela, se sostiene en
nuestro país -durante todo el siglo XIX y hasta comienzos del XX- un sistema de
apropiación de la tierra basado en la estructura latifundista, donde el peón de
hacienda estaba condenado a llevar una vida de trabajo extenuante que era
acompañada con la miseria y el vicio. Es en este escenario donde los dueños del
país son los grandes propietarios de la tierra, quienes paradójicamente no eran
otros que los caudillos que dejó el proceso de lucha por la Independencia y las
posteriores guerras de montoneras de todo el Siglo XIX venezolano.
De allí que sea
precisamente también el caudillo, hombre de armas por excelencia, quien
protagoniza la vida política del país hasta que el Benemérito, Juan Vicente
Gómez -por cierto, el último de ellos-, logra acabarlos al entronizarse en el
poder. Es así como la vida social venezolana discurre subyugada al mandamás de
turno que impone su propia ley. Es en este contexto -invariable hasta cuando se
escribe el Plan- que Betancourt y los suyos plantean su "programa
mínimo" de propuestas que pretenden ser soluciones.
El último
elemento que se ataja en la elaboración del Plan de Barranquilla es la
injerencia, cada vez más marcada, que están teniendo las transnacionales del
petróleo en nuestro país. En la opinión de los firmantes del plan son estas
empresas -que operan bajo condiciones verdaderamente leoninas- las que
coaligadas con los latifundistas criollos sirven de sostén a Gómez y con ello a
las deplorables condiciones de vida que sufre la empobrecida masa del pueblo
venezolano.
El jóven Rómulo Betancourt redactaría junto a
otros líderes el "Plan de Barranquilla" en 1931
No es casualidad
que el primer punto que plantea el “programa mínimo” del Plan de Barranquilla
sea el de que los asuntos de gobierno (“la cosa pública” para quienes elaboran
el documento) deben estar capitaneados por civiles, excluyéndose así al
pernicioso elemento militar del manejo del poder político.
Es en el
estamento militar, pero más propiamente en el caudillista, que Betancourt y los
firmantes del Plan ven el mayor signo de atraso del sistema político
venezolano. Esta observación no es fortuita, puesto que efectivamente se puede
apreciar que desde que entra en escena como gobernante el “Ciudadano
Esclarecido”, José Antonio Páez, la historia del poder político en Venezuela no
había sido otra cosa más que una sucesión de caudillos que aparecían tras
permanentes “revoluciones” que no pasaban de ser guerras de montoneras.
A lo largo de
todo el Plan se advierte que es fundamental que para que Venezuela logre
avances en materia política, social y económica es obligante el hecho de que
dejen de ser los hombres de armas los que detenten el poder en el país. Es, en
esencia, que Venezuela se baje del caballo para poder entrar en una senda de
prosperidad.
Este
razonamiento es plenamente válido si tenemos en cuenta el hecho de que son
precisamente estos caudillos –herencia de nuestras luchas independentistas y
del sinfín de revoluciones que nos dejó el Siglo XIX- quienes mantienen a la
vasta masa popular de venezolanos sumidos en un estado de pobreza estructural:
ignorancia, analfabetismo, carencias económicas y materiales, enfermedades y
vicios. Difícilmente puede esperarse otra cosa de unos hombres que, bajo una
lógica primitiva, administran al país bajo un esquema similar al que utilizan
para administrar sus latifundios; en esto el caso de Juan Vicente Gómez es el
más elocuente.
En todo caso,
para Betancourt y los suyos lo capital es que sean los civiles -hombres de
extracción popular muchos de ellos- que en vez de un arma esgrimían una serie
de argumentos, los que lleven las riendas del poder político en el país. La
premisa es clara: si lo que caracteriza al caudillo en funciones de gobernante
es la corrupción y la sustitución de la ley por el compadrazgo, con la llegada
de los civiles al manejo de la cosa pública se pretende erradicar estos males
al fomentar un sistema de pulcritud
administrativa e imperio de la ley por encima del amiguismo.
El ejercicio de gobierno de la Junta Revolucionaria
de Gobierno o “Trienio adeco”
Aún y cuando
Betancourt, Luis Beltrán Prieto, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios y Valmore
Rodríguez acceden al poder al acompañar un golpe de estado encabezado por un
grupo militar, el desempeño de la Junta de Revolucionaria de Gobierno
(presidida por el propio Betancourt) abrirá de manera definitiva la compuerta
para el establecimiento del sistema democrático en Venezuela.
Para el
periodista Simón Alberto Consalvi los sucesos del 18 de octubre de 1945 y su
desarrollo posterior entrañan una importancia sustantiva en nuestra historia:
La
revolución de Octubre es el suceso de mayor significación política en la
historia venezolana desde la fundación
de la República en 1830. Ningún otro suceso tuvo su profundidad, ni sus
objetivos, ni sus conquistas, ni sus repercusiones. Entre sus principios
fundamentales se inscribió el derecho al ejercicio de la soberanía popular, la
modernización del país, las reformas políticas, económicas y sociales negadas
por la vieja estructura del poder (…) (Consalvi,
2010, p.9)
Durante el
ejercicio de gobierno de la Junta convergen 2 elementos que resultan
importantísimos en el desarrollo de la democracia de nuestro país:
-Nacen dos
organizaciones políticas modernas, como es el caso de la Unión Republicana Democrática
(URD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei).
Hasta entonces el abanico de partidos políticos venezolanos era reducido y,
salvo por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la propia AD, su papel se
reducía exclusivamente a trabajar como órganos de apoyo a las políticas del
gobierno, sin presentar posiciones ideológicas claras ni mucho menos propuestas
programáticas al país.
-En 1947 Se
realizan en el país las primeras elecciones libres (de carácter universal,
directo y secreto) para escoger al Presidente de la República. En estos
comicios Rómulo Gallegos se convierte en el primer civil de nuestra historia
republicana en acceder a la presidencia por votación popular. Este hecho marca
en sí mismo el comienzo de la democracia electoral en el país (aunque este
inicio bien podríamos situarlo también en las elecciones que se habían
realizado en 1946 para escoger a los miembros de la Asamblea Nacional
Constituyente), al tiempo que la elección de Gallegos marca el punto de inicio
de la concepción civilista del poder en Venezuela, destinando a los militares a
las funciones propias de su investidura y no al tutelaje de la vida política
del país.
Es importante recordar que, a pocos días de
haberse consumado el golpe de Estado contra el gobierno de Isaías Medina
Angarita, los miembros de la Junta habían firmado el compromiso de no concurrir
como candidatos presidenciales en la elección de 1947. Así pues Betancourt y
los demás dirigentes que le acompañaban en labores de gobierno son quizás los
primeros políticos venezolanos que, pudiendo permanecer en el poder, hacen un
ejercicio de despersonalización del mismo y apuestan al desarrollo
institucional del país.
La Junta Revolucionaria de Gobierno en pleno despacha desde Miraflores
Probablemente,
todos estos hechos que hemos descrito son los que lleven al historiador Germán
Carrera Damas a señalar que el mayor logro acometido durante el trienio es el
rescate de la soberanía popular de los venezolanos, que venía siendo usurpada
ininterrumpidamente desde que se instauró la República. Bajo este argumento
Carrera sentencia que 1945 es “el primer año de la democracia venezolana”, a la
vez que afirma:
La
fundación de la primera República liberal democrática representó el primer intento
sistemático (…) de perfeccionar en la hoy Venezuela la abolición declarativa de
la monarquía, realizada mediante la aprobación, el 23 de noviembre de 1811, de
la Constitución Federal para los Estados de Venezuela. (Carrera en Consalvi, 2010, p.9).
Reiterando un
punto que habíamos señalado más arriba, el politólogo Juan Carlos Rey
caracteriza a la etapa de gobierno de la Junta Revolucionaria de gobierno como
un momento donde la realidad del país cambia completamente, al producirse lo
que, en pocas palabras, él cataloga como la irrupción de las masas en la
política venezolana a través de los partidos políticos:
Pues
el nuevo orden que se trataba de implantar tras la «Revolución de octubre»
significaba un cambio radical en las reglas de juego que hasta entonces habían
regido la política, e implicaba la introducción de nuevos medios de
intervención y nuevos jugadores y la irrupción de las masas en la misma. En
adelante, los recursos para el éxito político no serán ya las relaciones o
influencias personales de tipo tradicional, sino la capacidad para persuadir,
organizar y movilizar a las masas. (Rey,
1991, p.539).
El trienio adeco
finalizará con el golpe de Estado que depone a Rómulo Gallegos en noviembre de
1948. Para justificar esta nueva intromisión militar en los asuntos políticos
del país se ha argumentado que AD ejercía el poder de manera sectaria en vista
de su amplio apoyo popular. Ahora bien, estos baches –si es que efectivamente
existieron- se tratarán de subsanar cuando, tras varios años de Dictadura
Militar, las organizaciones políticas democráticas vuelvan a tener en frente la
posibilidad de detentar la conducción política de Venezuela, luego de que se
produzcan los sucesos del 23 de enero de 1958.
La firma del Pacto de Puntofijo
Tras la rebelión
popular con acompañamiento militar que estalla el 23 de enero y que termina
deponiendo al General Marcos Pérez Jiménez, los tres grandes partidos políticos
(AD, URD, Copei) que habían trajinado la lucha en la clandestinidad contra la
Dictadura y que estaban comprometidos con la instauración de un régimen
democrático en el país, se aprestan a firmar un pacto para hacer realidad tal
fin.
Actores
contemporáneos de la vida política nacional se han empeñado en satanizar el
Pacto de Puntofijo, en tanto valoran negativamente la consecución de acuerdos y
consensos entre partidos políticos, sindicatos, empresarios y otros actores del
sistema político. Nuestra perspectiva en cambio, ve con buenos ojos la
negociación y eventual llegada a puntos de confluencia entre actores del
sistema político siempre y cuando éstos sean altamente representativos de los
intereses de quienes dicen encarnar, como en efecto sucedió durante buena
parte de los 40 años que van de 1959 a 1999.
Betancourt, Villalba y Caldera firman el "Pacto de Puntofijo"
A propósito de
esto, Juan Carlos Rey apunta que el Pacto entrañaba algún propósito de enmienda
ante eventuales errores que hicieron naufragar el experimento democrático
adelantado entre 1945 y 1948:
El
régimen democrático que se instaura en Venezuela después de 1958 está
fuertemente marcado por la experiencia traumática del trienio 1945-1948, y es
un intento deliberado de evitar los errores y deficiencias de aquel ensayo
fallido. Con tal fin se trató de lograr un amplio consenso entre los
principales actores políticos y sociales en torno a unas reglas de juego
básicas del orden político (Rey, 1991,
p.542)
Así pues, la
democracia bajo la figura de pactos institucionales que aseguren la
gobernabilidad y el buen desempeño del gobierno hacia la estabilización de un
régimen de libertades e imperio de la Ley, resulta clave en los procesos de
transición. De allí nuestra valoración positiva de este tipo de acuerdos.
En el
caso venezolano, que solamente excluyó de la firma del acuerdo -pero no del
ejercicio de la actividad política- al PCV (dada su reticencia al
establecimiento de la democracia en el país), se asumió un compromiso de tres
aristas por parte de los partidos políticos firmantes, que Naudy Suárez
Figueroa resume en:
a) La “defensa
de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado
electoral”; b) la “conformación de un gobierno de Unidad Nacional” y c) la “suscripción
de un programa mínimo común” (Suárez,
2006, p.19)
Puntofijo y los
pactos adelantados en 1958 (El avenimiento obrero-patronal, por ejemplo) marcan
así un intento sin precedente en Venezuela por incluir a sectores heterogéneos
del sistema político en arreglos que tendieran al fortalecimiento institucional
a todo nivel y hacia la instauración definitiva del régimen democrático en
nuestro país.
En definitiva,
son estos tres momentos históricos (Barranquilla, El Trienio Adeco y Puntofijo)
los que configuran y dan pie al establecimiento de la democracia en Venezuela.
Como pudimos ver, cada uno de ellos da cuenta de una etapa de maduración
distinta al anterior en lo que al pensamiento democrático se refiere y es a
través de esa madeja -que se va tejiendo con los aportes que deja cada uno de
estos episodios- como podemos caracterizar eso que luego será el período de los
40 años de lo que el propio Germán Carrera Damas ha denominado la “República
Civil” en nuestro país.
BIBLIOGRAFÍA
Betancourt, R [et al.] (1931). “Plan de
Barranquilla”. Extraído el 12 de enero de 2014 de http://www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/plan_de_barranquilla.asp
Consalvi, Simón A. (2010). “La revolución de
octubre (1945-1948): la primera República Liberal Democrática”. Caracas:
Fundación Rómulo Betancourt.
Rey, Juan C. (1991). “La democracia
venezolana y la crisis del sistema político de conciliación”, en: Revista de
estudios políticos (Nueva Época), No. 74, Octubre-Diciembre, págs. 533-578.
Suárez, Naudy (2006). “Punto Fijo y
otros puntos: los grandes acuerdos políticos de 1958”. Caracas: Fundación
Rómulo Betancourt.
Nehomar Adolfo Hernández (*)
(*) Trabajo final elaborado para la asignatura "Sistema Político Venezolano", dictada por el Prof. Gustavo Salcedo Ávila en la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolivar (USB) Caracas-Venezuela
Nehomar Adolfo Hernández (*)
(*) Trabajo final elaborado para la asignatura "Sistema Político Venezolano", dictada por el Prof. Gustavo Salcedo Ávila en la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolivar (USB) Caracas-Venezuela
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