miércoles, 25 de marzo de 2015

El gobierno chavista, post-chavista y la colonización militar del Estado




Corría el año 1998 en Venezuela y una de las promesas centrales de la campaña presidencial del candidato Hugo Chávez era la de reducir el burocratismo y el –considerado por él- excesivo número de carteras ministeriales que existían para la fecha en nuestro país. Juzgaba pues el Teniente Coronel que el aparato gubernamental venezolano se había tornado ineficiente, pesado, corrupto y cada vez más alejado de las necesidades reales del ciudadano común.

A finales de ese año Chávez ganó los comicios presidenciales y luego, contraviniendo su queja/promesa de campaña, comenzó paulatinamente a crear nuevos Ministerios y, además de ello, a designar como jefes de cartera a funcionarios activos y retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivarana (FANB).

Paralelamente a esto, Chávez concedió a nuestros militares la posibilidad de expresarse políticamente en las urnas, al eliminar de la Constitución Nacional todo el articulado referente a la subordinación de los militares al poder civil en Venezuela; otorgándoles además derecho al voto en todas las elecciones de funcionarios públicos. Se quebraba así la tradición -al menos en cuanto a la ley respecta- no-deliberante de nuestra Fuerza Armada Nacional establecida en décadas precedentes. 

Durante su gobierno, Hugo Chávez fue incorporando paulatinamente a militares activos o retirados a puestos estratégicos del manejo del Estado. Ahora bien, avancemos un poco la película: el Teniente Coronel falleció en 2013 y designó como sucesor a Nicolás Maduro Moros, un civil que, habiendo ganado por estrecho margen las elecciones de abril de 2013 (y esto todavía está en entredicho), no ha desmontando en lo absoluto el gigantesco aparato estatal de la administración pública que le legara Chávez. De hecho, siendo civil, poco ha hecho Maduro para devolver a los militares a sus cuarteles. Por el contrario, ha designado en puestos clave de la administración pública y de la dirección del Estado venezolano a individuos venidos de las filas militares. Basta decir que, en la circunstancia actual, donde Venezuela atraviesa una severa crisis económica, aderezada además con una fuerte escasez en la producción y distribución de alimentos, el Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública recae en manos del General Rodolfo Marco Torres, al tiempo que el Ministerio del Poder Popular para la Soberanía Alimentaria está en poder de otro militar: el Teniente Coronel Yvan Bello Rojas. 

Un trabajo publicado por el Diario ABC de España el 13 de febrero de 2015, retrata a profundidad la situación de la distribución de los Ministerios en el gobierno que encabeza Nicolás Maduro: 

El Ejército tiene una fuerte presencia en el Ejecutivo de un régimen que, no puede olvidarse, hunde sus raíces en una conspiración militar y en el apoyo popular que sus promotores supieron granjearse. Son media docena los miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) con asiento en el Gobierno.

Amén de esto, es imposible obviar que otros espacios de poder regional y municipal (como buena parte de las gobernaciones de Estado y Alcaldías) también se encuentran hoy en manos de militares. Esto remite a lo que algunos de los estudiosos de la materia que tiene el país, como el Profesor Luis Alberto Buttó, han denominado como una “colonización militar” de la administración pública; ergo, un proceso en el que el núcleo central del aparato de gobierno está dirigido por militares, siendo que, en condiciones normales, estos puestos deberían estar bajo el mando de civiles. 

Bajo este mismo razonamiento, por ejemplo, Maduro creó en abril de 2013 las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI), organismos gerenciados por oficiales militares de alto rango y que dividen administrativamente al país en zonas de desarrollo donde la gestión de gobierno es monitoreada por -oh sorpresa- estos funcionarios.

En resumen, la “alianza cívico-militar” instaurada por Chávez a principios de su gobierno ha ido acrecentándose a tal punto de que, en los tiempos que corren, Nicolás Maduro no tiene empacho alguno en admitir públicamente que los asuntos de importancia del gobierno venezolano son dirimidos y canalizados mediante una suerte de petit comité denominado como el “Alto Mando político-militar de la revolución”. 

No hay cadena de radio y televisión en la que Maduro no aparezca flanqueado por hombres de verde oliva. No hay momento en que el Presidente Obrero deje de decir cosas como: “los militares están con el gobierno” (¿No será más bien que los militares SON el gobierno?). De igual forma, los escándalos de lavado de dinero, compra de suntuosas propiedades en países del primer mundo, vinculaciones con carteles de la droga y todas las formas de corrupción habidas y por haber, no dejan de salpicar a militares que detentan o han detentado cargos gubernamentales en los últimos años.

Al final del día, todo parece indicar que Maduro no puede tomar decisiones de manera autónoma. Debe, como el equilibrista de circo, vigilar cuidadosamente cada paso. No vaya a ser que en una de esas le termine pisando un callo a unos militares que, desde la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, no habían gozado de tantos privilegios personales y de una injerencia tan directa en las decisiones de gobierno…

Nehomar Adolfo Hernández

@Neoadolfo

viernes, 9 de enero de 2015

Tres declaraciones infelices y el “país virtual”




Primera: aparece la Autoridad Única Nacional para la Simplificación de Trámites y Permisos (sí, el cargo existe), Dante Rivas, señalando a través de Twitter que, aquellos que osaran preferir la comida importada sobre los alimentos de origen nacional, tenían todo el derecho de consumirla pero, eso sí, que lo hicieran utilizando sus propios dólares y no con las divisas de todos los venezolanos. Rivas, que evidentemente quería hacer una morisqueta justificando la sustitución de las tradicionales papas fritas de una reconocida cadena de establecimientos de comida rápida por yuca frita, terminó saliendo con las tablas en la cabeza. Y es que el ex aspirante a Alcalde de Porlamar (derrotado) parece olvidar que al día de hoy las estimaciones más modestas señalan que en nuestro país por lo menos la mitad de las cosas que nos comemos vienen de afuera. Aquel individuo que por años se había granjeado la reputación de gerente eficiente y dirigente chévere del chavismo ya como que no es tan buena nota…

Segunda: entra en escena un entonces para mí desconocido Ministro de Alimentación, Yván José Bello Rojas, afirmando ante las cámaras de un canal internacional de noticias que durante los 15 años que ya totaliza el chavismo en el poder se ha incrementado la producción en varios rubros alimenticios y que, además, en Venezuela no se está restringiendo el consumo al comprador, sino que, por el contrario, se busca distribuir los alimentos de forma “equitativa”. El Ministro coronó su aparición en televisión ese día refiriéndose con sorna al tema de las interminables colas que ya son una constante en las calles de todas las ciudades de la geografía nacional, al punto de indicar que la cola es algo normal, porque cuando él va al stadium de béisbol se cala una cola interminable para poder ver el juego de pelota. ”Tuvimos una Cuarta República que le hizo mucho daño al pueblo” se atrevió a aseverar el Ministro aquel día. Se rompió el coco con tanta creatividad.  

Tercera: aparece como colofón de esta historia el Jefe del Gobierno de Distrito Capital, Ernesto Villegas, afirmando que los “hijitos de Papá” escondieron y encarecieron los alimentos y ahora, de paso, a estos deleznables personajes les ha dado por “infiltrar las colas” buscando el fin malsano de provocar en el pueblo actitudes violentas que lleven a la guarimba y a la desestabilización. Es decir, según el ex aspirante a Alcalde Mayor de Caracas (derrotado) habría una serie de personas que se estarían dedicando a permanecer medio día bajo el sol (fungiendo de teja, pues) en una cola para, desde allí y masoquismo mediante, producir un estallido social.

Cuando José Vicente Rangel se desempeñó como Vicepresidente de la República -durante la primera hora del chavismo en el poder- acuñó la teoría del “país virtual”; aquél que según el antiguo candidato presidencial de la izquierda venezolana prefabricaban los medios de comunicación opositores al gobierno  -especialmente la vieja Globovisión- para reflejar situaciones que no se correspondían con la realidad de tranquilidad, prosperidad y sosiego que por aquel entonces transitaba el país. Llegó a decir José Vicente que las masivas protestas de calle en contra del Presidente Chávez que se escenificaban en las pantallas de los medios de comunicación privados eran infladas mediante softwares informáticos, creando en los televidentes percepciones erradas de la realidad.

Hoy por hoy el país real de José Vicente, ese donde todo es felicidad y lo demás son mentiritas de unos señores que se han ensañado contra un gobierno que hace las cosas de manera impecable, parece haberse instalado en el cerebro de funcionarios como Rivas, Villegas y Bello. A nosotros, los que no formamos parte de la nomenklatura chavista, nos toca calarnos las colas para comprar cualquier tontería y también, la matazón que ya es un ritual en esta Venezuela venida a menos, en este “país virtual” que en mala hora se nos ocurrió inventar a nosotros los opositores desconsiderados.

Como dice la canción de Sabina: “Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía…” ¿Cómo hago para vivir en el paraíso terrenal de José Vicente, Dante, Villegas y compañía? ¿Cómo hago?. 




Nehomar Adolfo Hernández

Fotos: El Mundo

lunes, 30 de junio de 2014

La socialdemocracia y el modelo de «Estado de Bienestar» europeo: auge y crisis

Presentación y justificación del tema




Luego de los desmanes de la segunda guerra mundial, una parte significativa de Europa quedó en la penumbra, no solamente en el plano material, sino también en el existencial. Muchos países del viejo continente vivieron en carne propia los estragos propios de la posguerra: hambre, destrucción, crisis de instituciones y estancamiento económico, entre una larga lista de penalidades. Allí, bajo la conducción de líderes y partidos de tendencia socialdemócrata, se estructuró un modelo que supo dar las tan necesarias respuestas ansiadas por los ciudadanos europeos para aquel entonces: el Estado de Bienestar.
               
Este modelo, que supo conciliar el ansiado crecimiento económico -tan necesario para que los países entren por la senda del desarrollo- y la generación de mecanismos de justicia social para sus pobladores, se erigió por muchas décadas como una suerte de modelo político-económico de consenso en buena parte de Europa.

Ahora bien, en medio de una debacle electoral de nueva data experimentada a raíz de la crisis económica que arrancó en los Estados Unidos y llegó –globalización mediante- a Europa en 2008, la socialdemocracia del viejo continente y su modelo bandera, el Estado de Bienestar (también conocido como Welfare State), comenzaron a ser vistos con recelo por los europeos, al punto de que en muchos países otrora bastiones del llamado socialismo democrático se produjo un giro hacia posiciones políticas más cercanas a la derecha, en búsqueda de mejores gestores de la crisis. 

Así pues, nos es particularmente atractivo analizar las características que entrañaba el modelo de Estado de Bienestar desarrollado en Europa aproximadamente desde el fin de la guerra (1945) hasta su entrada en crisis como opción mayoritaria para canalizar las demandas de la ciudadanía. De igual forma, pretendemos hacer una evaluación de la actualización de la que han sido sujeto las políticas socialdemócratas en el norte de Europa desde hace algunos años, constituyéndose con ello un nuevo paradigma: el llamado “Modelo Nórdico”.

La escogencia del tema se justifica en el propio hecho de que, en el marco del Estado de Bienestar, Europa no sólo logró reconstruirse en tiempo record, sino que además logró estructurar un nuevo orden dentro de sus países al cáliz de opciones políticas moderadas, distantes, en todo caso, de los cruentos totalitarismos que encarnaron el fascismo y el socialismo real y cuyas ideas estuvieron en la cúspide en la primera parte del siglo XX.
                
Para analizar el tema propuesto echamos mano de la obra titulada “La Socialdemocracia” del Profesor Ludolfo Paramio, destacado académico del Instituto Universitario Ortega y Gasset  que, además de trabajar temas vinculados al desarrollo y la democracia en América Latina, ha dedicado buena parte de su vida a trabajar como ideólogo y miembro activo de la dirección del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Igualmente, este periodista se dedicado a dictar seminarios y conferencias sobre la viabilidad del socialismo reformista europeo como modelo a seguir.

En esta publicación Paramio propone un recorrido histórico de la formación de los partidos y el pensamiento socialdemócrata, haciendo hincapié en los aspectos que llevaron a la separación entre las corrientes de izquierda revolucionaria y el socialismo democrático. A seguidas, el autor enfatiza en los aspectos que caracterizaron la constitución del llamado “Estado de Bienestar”, suerte de insignia de las administraciones socialdemócratas europeas de postguerra, así como la etapa en que dicho modelo –en medio del auge de las ideas de liberalización económica y reducción de las funciones del Estado- comienza a hacer aguas. Finalmente el autor expone su visión sobre la crisis que explota entre 2007 y 2008 en el sector inmobiliario y financiero estadounidense y que termina provocando estragos gigantescos en las economías de muchos países del mundo (pero sobre todo en Europa) y cómo los partidos socialdemócratas del viejo continente podrían eventualmente aprovechar dicha circunstancia para transformar una crisis en un conjunto de oportunidades que les permitan volver a ser una opción fiable para el electorado europeo.    

Sin embargo, y con el objeto de enriquecer el desarrollo que se presenta, también se incorporan a lo largo de este ejercicio otras visiones sobre el Estado de Bienestar y la actuación de los partidos socialdemócratas durante las décadas en las que este modelo estuvo en auge, siendo estas últimas más críticas e inclinadas promover una intervención mínima del Estado en la economía de los países. El resultado final debería, en todo caso, redundar en una mirada más amplia del asunto que se pretende abordar en el trabajo y por ende en el aporte de un mayor número de elementos que sirvan para comprender el fenómeno de estudio.

¿Qué factores llevaron  a la debacle del modelo de Estado de Bienestar en Europa? ¿Es posible, en los tiempos que corren, hacer de la socialdemocracia europea una alternativa viable?
               

Caracterización del tema






De la socialdemocracia europea y el surgimiento del Estado de Bienestar

Mucho podría escribirse acerca del origen del socialismo europeo en su vertiente democrática. Sin embargo, su génesis más inmediata puede rastrearse, como acota el propio Paramio, en la conformación de los sindicatos y movimientos pro defensa de los intereses salariales y de acceso al voto de los trabajadores en algunos países de Europa (pero sobre todo en Alemania e Inglaterra). Así, la conformación de partidos de este tenor ideológico emana principalmente de las organizaciones obreras que clamaban por el establecimiento de una igualdad política en medio de sociedades que habían aplicado por muchos años el voto censitario (2010, pp 22-24).

Sería entonces conocida como “Segunda Internacional” la gran reunión donde, en 1889, movimientos y partidos de trabajadores de tendencia democrática y sus pares afines a las corrientes revolucionarias se insertarían.  Este matrimonio perduraría apenas hasta 1916, todo ello por la divergencia de posiciones entre moderados y radicales frente al papel que debían jugar las fuerzas políticas socialistas en medio de la primera guerra mundial, así como por el inminente advenimiento de la revolución rusa, que también terminaría contribuyendo a dinamitar esta unión: mientras los bolcheviques se apegaban al credo marxista de que sólo mediante acciones de fuerza se podía conquistar el poder y construir la sociedad socialista (y eventualmente comunista), los socialdemócratas ponían su fe en manos de los mecanismos electorales para controlar puestos de la administración pública y, desde allí, promover reformas al sistema capitalista que redundaran en beneficios para las clases tradicionalmente oprimidas.

Acabada la segunda guerra mundial la propuesta socialdemócrata se ceñiría a proveer justicia social a una maltrecha ciudadanía europea que vivía en carne propia los horrores de la destrucción en todos los órdenes que dejaba este conflicto bélico. En este sentido se iría configurando lo que posteriormente fue conocido como el “Estado de Bienestar”:

“El concepto de ciudadanía había tenido un desarrollo histórico que comenzó por el reconocimiento de los derechos civiles, para pasar después a incluir los derechos políticos, muy especialmente el derecho al voto. Ahora había llegado la hora al reconocimiento de los derechos sociales de los ciudadanos, los derechos que iban a definir lo que se dio en llamar el Estado de Bienestar: la educación y la sanidad universales y las pensiones de jubilación” (Paramio, Ob.Cit., pp. 35-36).

Sin embargo, el propio autor es enfático al señalar que no se puede afirmar que exista un modelo único de Estado de Bienestar, sino que, aún y cuando sus tres características fundamentales sean estas tres: 1) Salud universal, 2) Educación Universal y 3) Pensiones de jubilación, se pueden observar diferencias entre los distintos países a la hora de implementar políticas destinadas a conseguir dichos objetivos. Sobre este particular Paramio destaca la diferencia existente entre la tradición de los países del norte de Europa, donde los gobiernos trataban de maximizar lo que ellos denominaban la “igualdad social real” entre los ciudadanos, mientras que al sur del continente el enfoque tendía más a decantarse hacia brindar “igualdad de oportunidades”. (Ibídem, p. 43).

Bajo esta propuesta, los años de posguerra serían los del ascenso al poder de los partidos socialdemócratas en naciones como Alemania, Suecia e Inglaterra. En esta etapa, encontramos un elemento característico que acompaña a la instauración del Estado de Bienestar: la gestión Keynesiana de la economía.

Los socialdemócratas asumirían pues la intervención del Estado en los asuntos económicos como un comportamiento plenamente válido, asiéndose a la teoría del británico John Maynard Keynes y su visión de los ciclos económicos. Esto es, en pocas palabras, que el proceso de la economía estaba regido por ciclos recesivos (de caída de la inversión) y expansivos (de plena inversión); siendo que el Estado podía constituirse en un agente capaz de sacar a los países del estancamiento económico (propio de un ciclo recesivo) a través del gasto público. En la concepción keynesiana la inyección de dinero por parte del Estado (a través de un aumento general de sueldos y salarios o de la creación de nuevos puestos de trabajo, por ejemplo) redundaría en que los consumidores (trabajadores) tendrían más posibilidad de demandar bienes y por tanto las industrias y fábricas encargadas de producirlos se activarían generando una mayor oferta de los mismos. El resultado final de esta cadena de efectos lógicos sería pues la reactivación económica de los países.

Dicho esquema fue reproducido -con sus particularidades- en muchos países de América Latina durante la década de los 60 y 70. En Venezuela, por ejemplo, el Keynesianismo era patente en la forma de manejar la renta derivada de la venta del petróleo e inclusive en la intervención estatal enmarcada dentro de la política de “sustitución de importaciones”, bandera de la Comisión Económica para América Latina por aquel entonces. Europa era, en todo caso, la muestra de que el intervencionismo era una alternativa válida.
                
Este sistema, amén de funcionar con resultados importantes en términos de inclusión y justicia social durante décadas y de no presentar números despreciables en términos de crecimiento económico -según Bach (1998) los países desarrollados experimentaron un crecimiento económico anual que promediaba el 6% en el período comprendido entre 1947 y 1966- comenzaría a hacer aguas a mediados de la década de los 70. En ello operan una serie de factores donde, sin duda, tiene preeminencia la crisis de los precios del petróleo producto del Estallido de la guerra del Yorn Kippur en 1973, con lo que los fulanos ciclos económicos se volverían impredecibles, además de las consecuencias en términos de desempleo que este hito histórico desencadenaría en los países no productores.

La imposibilidad del modelo Keynesiano para manejar la economía en este nuevo contexto dejó al modelo socialdemócrata desarmado y sin soluciones que aportar:

“Al dejar de funcionar la gestión keynesiana de la economía, la socialdemocracia estaba condenada a defraudar las expectativas creadas por el crecimiento anterior” (Paramio, Ob.Cit, p.55)

Además de ello, el filósofo español Juan Carlos Monedero y Ariel Jeréz Novara afirma que con la aparición de los llamados valores “post-materialistas” en el imaginario de los ciudadanos de los países desarrollados de Europa, la socialdemocracia y su sistema quedaban un tanto descolocados en el panorama. Si bien bajo el esquema del Estado Benefactor la ciudadanía sentía que podía acceder a la satisfacción de necesidades materiales, estos nuevos valores descubiertos mediante una investigación del norteamericano Ronald Inglehart (1997) operaban bajo un criterio distinto: participación, sentido de pertenencia, anhelos de vivir en ciudades limpias y bonitas, ecologismo, etc.

Sin embargo, en nuestro criterio, el factor más determinante en la crisis del Estado de Bienestar clásico aparece a finales de los 70 y principios de los 80: la globalización. Tanto Monedero como Paramio acotan que en el marco de la transformación de la economía mundial de un modelo industrial a otro donde comienza a tomar mayor importancia el llamado sector financiero (bolsa de valores, bonos, etc) y donde el flujo de capitales puede traspasar barreras geográficas en cuestión de segundos, el Estado poco podía hacer. Así pues, con la globalización económica, en donde las fronteras se difuminan, los Estados eran incapaces de regular todos estos procesos y por ende, su papel quedaba absolutamente debilitado. Del trabajo de Monedero y Jeréz ya referido más arriba se desprende que la crisis deviene de: 

“El bloqueo de la coordinación keynesiana, con la pérdida, merced a la internacionalización de la economía, de la capacidad de los gobiernos nacionales para encarar las crisis económicas y, especialmente, el aumento del paro” (Sharpf, 1989).

En la década de los 80 ascenderían al poder Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Con ello se inauguraría “el ciclo neoconservador” (Paramio, Ob. Cit, p. 55), etapa caracterizada por un credo absoluto en la autorregulación de los mercados y la visión mínima del Estado (no intervencionista). En este ciclo, que según el autor perduraría con sus vaivenes, hasta que explotó la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos entre 2007 y 2008 y se produjo la crisis económica mundial con derivaciones en Europa que hasta hoy día muestra secuelas.

Las réplicas de esta nueva era de las economías globalizadas y el renovado credo en el mercado como solución a los problemas se sentirían en todo el planeta. En Latino América, por ejemplo, algunos partidos con tendencia histórica a promover el intervencionismo estatal en la economía darían un viraje a finales de los 80 y durante la década de los 90 hacia la promoción de reformas de corte liberal y de reducción en la actuación del Estado, todo ello muy matizado además por las condiciones de austeridad en el gasto público que impondrían instituciones como el Fondo Monetario Nacional a estos países del Sur de América para poder concederles préstamos que pudieran sacar a flote sus maltrechas economías.  

Tendencias de la situación




Para Paramio la crisis financiera estadounidense es el reflejo “de la quiebra del modelo “neoliberal” (Ob. Cit., p.73) que arrancó con el ascenso de los “neocons” al poder en la década de los ochenta. En ese escenario el autor juzga importantísimo el papel que puede tener la socialdemocracia para volver con un proyecto alternativo fuerte en Europa.

“La alternativa socialdemócrata pasa por resaltar el papel del Estado como regulador –para evitar el capitalismo de casino que ha conducido a la crisis actual-, por la protección social y la defensa de los de los ingresos de los trabajadores y por la inversión pública para mejorar las infraestructuras, la sanidad, la educación (…) Por supuesto defendiendo también la tradición de tolerancia y las libertades individuales que la socialdemocracia ha heredado del liberalismo (…)”.  (Paramio, Ob.Cit., p.83)

Ahora bien, Cuando en 2008 la crisis económica comenzó a ser una realidad en Europa, varios países del viejo continente aún eran gobernados por administraciones que procuraban proteger las garantías mínimas del Estado de Bienestar (salud y educación públicas y sostenimiento del sistema de pensiones). Este es el caso, por ejemplo, de España y de Grecia, a la sazón gobernadas por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y Yorgos Papandreu (PASOK), respectivamente. Sin embargo, difícilmente un Estado Benefactor puede sostenerse en medio de un clima económico recesivo y donde no hay flujo de caja para poder subvencionar la gran cantidad de gastos que este tipo de administraciones requiere.

La consecuencia directa de todo ello es que estos gobiernos debieron balancearse entre los recortes y el sostenimiento de este tipo de políticas, entre deprimir más a las economías de sus países o adelgazar el gasto público y perder apoyo electoral. Una disyuntiva que terminó llevando nuevamente a los socialdemócratas europeos al paredón: mientras unos les acusaron de ser irresponsables en el manejo de la crisis por no hacer recortes a tiempo, otros les bombardeaban diciendo que habían perdido el norte ideológico al emprender reformas de tipo neoliberal. En los años subsiguientes no solamente España y Grecia, sino también países como Portugal, Inglaterra habían dado un vuelco llevando a la presidencia a personajes provenientes de partidos o coaliciones con orientaciones de centro-derecha, bajo la expectativa de que éstos fuesen más eficientes y astutos al momento de gestionar la crisis. El voto castigo en toda regla llevaba así a la socialdemocracia a un nuevo túnel del tiempo del que aún no logra salir.

El académico liberal español, Carlos Rodríguez Braun, precisa que el problema del modelo del Estado de Bienestar es que “encarece la honradez”, al tiempo que estimula la aparición de “gorrones” que se aprovechan y hacen trampa permanentemente para acceder a las subvenciones del Estado, que por momentos parecen ser infinitas.
                
“El Welfare State crea sus propios Clientes, pero también sus propios escollos. Las finanzas públicas entran en desequilibrio, porque sus capítulos tienden a crecer sin freno; los ciudadanos, lógicamente, consumirán exageradamente todo lo que tenga, gracias a la intervención política, un coste inferior al precio de mercado, tanto da que sea sanidad o agua de riego” (Rodríguez, 2000, p.51).

Por su parte, el economista Alberto Garzón Espinosa, indica que la crisis europea de hoy día hace que el tradicional modelo económico bajo el que estuvo concebida la alternativa socialdemócrata quede descartado de plano. Toda vez que, tras la recesión, los sectores productivos y comerciales tienen presupuestos limitados para trabajar, los pocos empleados que aún permanecen en sus nóminas no devengan salarios suficientes para generar una demanda que, a su vez, produzca incentivos para la oferta de bienes.

“El problema que emerge es que faltan fuentes de demanda, y que donde antes había salarios que creaban mercado ahora no hay nada” (Garzón, 2013)  
                 

Evaluación del análisis a la luz de las perspectivas conceptuales aportadas




Sobre los planteamientos de Paramio consideramos que una premisa básica de la economía política recae en que a los gobiernos les es imposible repartir o redistribuir lo que no se tiene. De tal manera que el reto de la socialdemocracia actual reside, además del asunto redistributivo y de garantizar derechos, en generar un modelo económicamente viable que también sea capaz de generar crecimiento. Ésa es la encrucijada en la que debate hoy día el futuro del Estado de Bienestar europeo.

Atendiendo a estos señalamientos nos parece interesante el testimonio que ofrece el llamado “modelo nórdico” o “sueco”, en tanto bajo la premisa de sostener de la forma más inteligente y eficiente el Estado de Bienestar, países como Dinamarca y la propia Suecia han encontrado mecanismos para prolongar su supervivencia y promover lo que algunos han catalogado como la actualización del modelo de beneficencia estatal. 

Suecia, que desde siempre ha estado cargada de una fuerte tradición de poder del partido socialdemócrata, vio crecer paulatinamente a lo largo de las décadas la intervención estatal para garantizar el “Estado de Bienestar” a niveles muy altos; sin embargo, en la década de los noventa reformuló su modelo para lograr sobrevivir a los nuevos tiempos. Hoy día este país nórdico concilia una de las tasas de crecimiento económico más altas de Europa (según cifras del FMI en el período 2011-2013 acumularon un incremento en el PIB de 7,3%)  con el cumplimiento además de los tradicionales objetivos socialdemócratas de proveer salud y educación universales a sus ciudadanos.
                
El trasfondo de este éxito puede rastrearse en el hecho de la implantación de la fiscalidad progresiva (pagan más impuestos quienes más ingresos tienen), así como la asunción por parte del Estado de la convicción de que debe interferir lo menos posible en las actividades comerciales e industriales; dicho de otro modo: el Estado ha declinado en la idea de ser un agente que compita con empresas en este tipo de asuntos, dejando el campo abierto a la actividad privada.
                
Otro punto importante en la constitución de este modelo que destaca Arancón (2014) es la instauración de una política laboral que no hostiga a las empresas privadas; ergo, no condiciona el eventual despido de un empleado a sanciones por parte del Estado. Para ello, los países del norte de Europa han venido desarrollando lo que este autor indica se conoce como el modelo de “flexiseguridad”, donde si alguien es despedido de su trabajo el Estado asume la responsabilidad –por un tiempo limitado- de proveerle una renta para que pueda vivir, pero a la vez le exige participar en planes de capacitación que en el corto plazo lo obliguen a volver a insertarse en el sector laboral.
                
Finalmente, es sumamente llamativo que un Estudio de Wolfgang Merkel y Alexander Petring publicado en la Revista Nueva Sociedad (NUSO) en 2008 indique que, frente a la crisis de la socialdemocracia que se hizo visible en Europa en los 80, fueron precisamente los países del norte del viejo continente quienes, en los 90, mejor lograron actualizar la concepción del Estado de Bienestar para así poder sobrevivir a los tiempos de la economía globalizada.
                
Para estos autores la llamada “socialdemocracia modernizada” que logra salir airosa en países como Suecia y Dinamarca, y que a su vez se contrapone a la “socialdemocracia tradicional” (que no se trazó nuevos mecanismos para cumplir sus objetivos) y a la que decidió emprender un camino netamente “liberal” (de abandono absoluto al intervencionismo estatal), se caracteriza porque “siguió sosteniendo el objetivo de la redistribución, principalmente a través de servicios sociales, y al mismo tiempo buscó garantizar el equilibrio fiscal” (Merkel y Petring, 2008, p.111).
                
Es importante destacar que a la luz de los resultados de las últimas elecciones del parlamento europeo, podemos señalar que el viejo continente sigue estando mayoritariamente inclinado a respaldar electoralmente posiciones que orbitan en torno al centro derecha y centro izquierda, aún y cuando esta última corriente político-económica ciertamente representa una fracción minoritaria con respecto a la primera. Sin embargo, en casos puntuales como al estilo de Francia, vienen cobrando auge posiciones extremistas de derecha en lo económico y social, que ensalzan además banderas de nacionalismo extremo y renuencia a continuar participando dentro del concierto que encarna la Unión Europea.
                
He allí pues una titánica tarea por delante para la socialdemocracia europea, que deberá caminar en dos vías al mismo tiempo: 1) recomponerse como fuerza creíble y competitiva, a fin de ser la primera alternativa dentro de eso que encarnan el centro derecha y centro izquierda y que podríamos catalogar como la “moderación” en la Europa actual; para ello deberá actualizar su propuesta programática y demostrar que puede revitalizar su ofrecimiento de justicia social sin que esto esté reñido con el pulcro y meticuloso manejo del presupuesto público (tan limitado en estos tiempos de crisis) 2) Convertirse en la principal fuerza de contención contra quienes, motivados por la crisis económicas o por otras razones, enarbolan la bandera del nacionalismo y el aislacionismo extremo de los países de Europa frente ese milagro de la integración en todo sentido que ha constituido ya por varios años la Unión Europea. 

En tiempos globalizados mirar hacia el cierre de los países dentro de sus fronteras no sería sólo una mala decisión, sino también un desperdicio de oportunidades.


Bibliografía


-Arancón, F. (2014). El modelo de bienestar nórdico. Recuperado el 20 de mayo de http://elordenmundial.com/economia/el-modelo-de-bienestar-nordico-12/
-Bach, P. (1998). El Boom de la posguerra: un análisis crítico de las elaboraciones de Ernest Mandel. Revista Estrategia Internacional, 7. Recuperado el 26 de mayo de http://www.ft.org.ar/estrategia/ei7/ei7boom.html
-Garzón, A. (2013). El dilema imposible de la socialdemocracia europea. Recuperado el 24 de mayo de http://www.agarzon.net/el-dilema-imposible-de-la-socialdemocracia-europea/
-Jeréz, A. y Monedero J. (S.F) Crisis de la Socialdemocracia. Recuperado el 20 de mayo de http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/S/socialdemocracia_crisis.htm
-Merkel, W. y Petring, A. (2008). La socialdemocracia en Europa: un análisis de su capacidad de reforma. Revista Nueva Sociedad, 217 (1), 99-117.
-Paramio, L. (2010). La socialdemocracia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica
-Rodríguez, C. (2000). Estado contra mercado. Libro en formato EPUB editado por “Sibelius”.
-Rojas, M. (2013). Crisis europea y el modelo del Estado de bienestar: Lecciones de un modelo a evitar. Recuperado el 26 de mayo de http://www.elcato.org/crisis-europea-y-el-modelo-del-estado-de-bienestar-lecciones-de-un-modelo-evitar

Nehomar Adolfo Hernández


* Trabajo elaborado por el autor para el seminario: "Introducción a las Relaciones Internacionales", dictado por la Profesora Elsa Cardozo en la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar (USB)

sábado, 18 de enero de 2014

La construcción de la democracia venezolana vista a través de tres momentos: Barranquilla, el Trienio Adeco y Puntofijo



Venezuela transitó casi todo el siglo XIX y buena parte del XX bajo la égida de caudillos y jefes militares que se prevalieron de su condición para monopolizar el poder político en el país. Así, a sangre y fuego, dejamos de ser una colonia del Reino de España para edificar una República a trompicones, donde la democracia lució siempre como una aspiración lejana y difícil de concretar.

Aún y cuando naturalmente existieron atenuantes, de José Antonio Páez a  Juan Vicente Gómez (pasando por los Monagas, Guzmán Blanco y compañía), el país se balanceó casi siempre entre la precariedad institucional y la necesidad permanente del hombre fuerte que dirigiera los destinos de la Nación; todo ello en un marco de profunda inequidad social donde el latifundismo, la corrupción, el abuso de poder, la persecución a la oposición al régimen de turno y las limitaciones a la libertad de expresión y asociación eran sólo algunos de los males que una maltrecha sociedad debía sortear. 

De allí que, como señalamos más arriba, la democracia luciera como algo tan utópico en aquel entonces: el tutelaje de los hombres de armas –encarnados primero en los caudillos que legó la Guerra de Independencia y luego en los militares de formación propios de la primera parte del Siglo XX- sobre la función pública chocaba frontalmente con la aspiración popular de desarrollar una democracia con un sistema de partidos políticos, libre ejercicio de la prensa, defensa de las libertades y derechos civiles de los ciudadanos, imperio de la Ley, búsqueda de disminución de la pobreza y, sobre todo, donde la conquista del poder se dirimiera a través de elecciones realmente libres y abiertas a la participación masiva de todos los estratos sociales.   

¿Estaba el pueblo venezolano preparado para la democracia? ¿Aspiraban los venezolanos la instauración del sistema democrático en nuestro país?. En el criterio de varios autores que eran partidarios del sostenimiento de los regímenes basados en el personalismo y la voluntad de un hombre fuerte este par de interrogantes tenía una respuesta negativa, siendo el más conspicuo representante de esta tesis el doctor Laureano Vallenilla Lanz. Según este acérrimo defensor del gomecismo, la trayectoria histórica de Venezuela daba suficientes luces para afirmar que nuestra sociedad no estaba preparada para decidir por sí misma y así, como si de niños pequeños se tratase, debían contar siempre con un padre que a través de su autoridad y capacidad para infringir miedo, les guiara.  

Con el correr de los años quedaría en evidencia que las presunciones de Vallenilla Lanz eran inciertas: los venezolanos, a través de la instauración del régimen democrático, fueron capaces de alcanzar un cúmulo de realizaciones considerables en diversos ámbitos, al punto que –aún con sus falencias- nuestro país se constituyó en un modelo de estabilidad política y desarrollo para el mundo por varias décadas. 

En este sentido, consideramos que en el tránsito de la sociedad venezolana de los regímenes autoritarios hacia la democracia hay tres momentos o episodios que comportan una alta importancia en su parto, puesta en escena y desarrollo. Estos tres momentos son: la redacción del Plan de Barranquilla por Rómulo Betancourt y sus colaboradores (1931), el ejercicio de gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno, episodio que también se conoce como “El trienio adeco” (1945-1948) y, finalmente, la firma del Pacto de Puntofijo (1958).

Nuestro criterio de selección en este caso estriba en aspectos que consideramos fundamentales para la instauración del régimen democrático en Venezuela y que a su vez se desarrollan dentro de los tres momentos históricos que hemos seleccionado: 1) La toma de conciencia sobre los problemas que truncaban la construcción del camino democrático en el país, así como la creación de una propuesta programática ante ellos, 2) La creación de partidos políticos modernos, 3) La instauración de las elecciones libres y plurales como método para conquistar el poder político, 4) Creación de la concepción del poder civil en Venezuela, por lo que los militares se someten a los civiles, 5) Construcción de una política de consensos entre actores altamente representativos de los intereses de la sociedad para lograr la estabilidad democrática en el país. 


La redacción del Plan de Barranquilla

Este documento, redactado por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y otros dirigentes políticos que se encontraban el exilio en 1931 es quizá el primer análisis –con fines de oposición a Juan Vicente Gómez- que se hace de manera completa a la situación que atraviesa el país en la primeras décadas del Siglo XX. Allí además se incluirán una serie de propuestas programáticas que contrastan con lo que para entonces era el estado de cosas natural en la vida política venezolana.

Así pues, el cuadro económico y social descrito por Betancourt en el Plan de Barranquilla no es otro que el de la Venezuela depauperada y atrasada de principios de Siglo XX. En palabras textuales de Betancourt -y de quienes le acompañan en la confección de este trascendental documento político- para aquel entonces nuestro país atravesaba por un contexto caracterizado por tres elementos: el sostenimiento de una organización económica semi-feudal, la permanencia en el poder del caudillo como figura estelar y el proceso de doblegación a la penetración del capital extranjero.

En primer término, los autores del Plan contextualizan el problema argumentando que una vez finalizada la lucha por la independencia de Venezuela, se sostiene en nuestro país -durante todo el siglo XIX y hasta comienzos del XX- un sistema de apropiación de la tierra basado en la estructura latifundista, donde el peón de hacienda estaba condenado a llevar una vida de trabajo extenuante que era acompañada con la miseria y el vicio. Es en este escenario donde los dueños del país son los grandes propietarios de la tierra, quienes paradójicamente no eran otros que los caudillos que dejó el proceso de lucha por la Independencia y las posteriores guerras de montoneras de todo el Siglo XIX venezolano. 

De allí que sea precisamente también el caudillo, hombre de armas por excelencia, quien protagoniza la vida política del país hasta que el Benemérito, Juan Vicente Gómez -por cierto, el último de ellos-, logra acabarlos al entronizarse en el poder. Es así como la vida social venezolana discurre subyugada al mandamás de turno que impone su propia ley. Es en este contexto -invariable hasta cuando se escribe el Plan- que Betancourt y los suyos plantean su "programa mínimo" de propuestas que pretenden ser soluciones. 

El último elemento que se ataja en la elaboración del Plan de Barranquilla es la injerencia, cada vez más marcada, que están teniendo las transnacionales del petróleo en nuestro país. En la opinión de los firmantes del plan son estas empresas -que operan bajo condiciones verdaderamente leoninas- las que coaligadas con los latifundistas criollos sirven de sostén a Gómez y con ello a las deplorables condiciones de vida que sufre la empobrecida masa del pueblo venezolano.

 El jóven Rómulo Betancourt redactaría junto a 
otros líderes el "Plan de Barranquilla" en 1931

No es casualidad que el primer punto que plantea el “programa mínimo” del Plan de Barranquilla sea el de que los asuntos de gobierno (“la cosa pública” para quienes elaboran el documento) deben estar capitaneados por civiles, excluyéndose así al pernicioso elemento militar del manejo del poder político. 

Es en el estamento militar, pero más propiamente en el caudillista, que Betancourt y los firmantes del Plan ven el mayor signo de atraso del sistema político venezolano. Esta observación no es fortuita, puesto que efectivamente se puede apreciar que desde que entra en escena como gobernante el “Ciudadano Esclarecido”, José Antonio Páez, la historia del poder político en Venezuela no había sido otra cosa más que una sucesión de caudillos que aparecían tras permanentes “revoluciones” que no pasaban de ser guerras de montoneras. 

A lo largo de todo el Plan se advierte que es fundamental que para que Venezuela logre avances en materia política, social y económica es obligante el hecho de que dejen de ser los hombres de armas los que detenten el poder en el país. Es, en esencia, que Venezuela se baje del caballo para poder entrar en una senda de prosperidad. 

Este razonamiento es plenamente válido si tenemos en cuenta el hecho de que son precisamente estos caudillos –herencia de nuestras luchas independentistas y del sinfín de revoluciones que nos dejó el Siglo XIX- quienes mantienen a la vasta masa popular de venezolanos sumidos en un estado de pobreza estructural: ignorancia, analfabetismo, carencias económicas y materiales, enfermedades y vicios. Difícilmente puede esperarse otra cosa de unos hombres que, bajo una lógica primitiva, administran al país bajo un esquema similar al que utilizan para administrar sus latifundios; en esto el caso de Juan Vicente Gómez es el más elocuente. 

En todo caso, para Betancourt y los suyos lo capital es que sean los civiles -hombres de extracción popular muchos de ellos- que en vez de un arma esgrimían una serie de argumentos, los que lleven las riendas del poder político en el país. La premisa es clara: si lo que caracteriza al caudillo en funciones de gobernante es la corrupción y la sustitución de la ley por el compadrazgo, con la llegada de los civiles al manejo de la cosa pública se pretende erradicar estos males al fomentar un sistema de pulcritud  administrativa e imperio de la ley por encima del amiguismo. 


El ejercicio de gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno o “Trienio adeco”

Aún y cuando Betancourt, Luis Beltrán Prieto, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios y Valmore Rodríguez acceden al poder al acompañar un golpe de estado encabezado por un grupo militar, el desempeño de la Junta de Revolucionaria de Gobierno (presidida por el propio Betancourt) abrirá de manera definitiva la compuerta para el establecimiento del sistema democrático en Venezuela. 

Para el periodista Simón Alberto Consalvi los sucesos del 18 de octubre de 1945 y su desarrollo posterior entrañan una importancia sustantiva en nuestra historia:

            La revolución de Octubre es el suceso de mayor significación política en la historia  venezolana desde la fundación de la República en 1830. Ningún otro suceso tuvo su profundidad, ni sus objetivos, ni sus conquistas, ni sus repercusiones. Entre sus principios fundamentales se inscribió el derecho al ejercicio de la soberanía popular, la modernización del país, las reformas políticas, económicas y sociales negadas por la vieja estructura del poder (…) (Consalvi, 2010, p.9)

Durante el ejercicio de gobierno de la Junta convergen 2 elementos que resultan importantísimos en el desarrollo de la democracia de nuestro país: 

-Nacen dos organizaciones políticas modernas, como es el caso de la Unión Republicana Democrática (URD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei). Hasta entonces el abanico de partidos políticos venezolanos era reducido y, salvo por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la propia AD, su papel se reducía exclusivamente a trabajar como órganos de apoyo a las políticas del gobierno, sin presentar posiciones ideológicas claras ni mucho menos propuestas programáticas al país. 

-En 1947 Se realizan en el país las primeras elecciones libres (de carácter universal, directo y secreto) para escoger al Presidente de la República. En estos comicios Rómulo Gallegos se convierte en el primer civil de nuestra historia republicana en acceder a la presidencia por votación popular. Este hecho marca en sí mismo el comienzo de la democracia electoral en el país (aunque este inicio bien podríamos situarlo también en las elecciones que se habían realizado en 1946 para escoger a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente), al tiempo que la elección de Gallegos marca el punto de inicio de la concepción civilista del poder en Venezuela, destinando a los militares a las funciones propias de su investidura y no al tutelaje de la vida política del país. 

Es importante recordar que, a pocos días de haberse consumado el golpe de Estado contra el gobierno de Isaías Medina Angarita, los miembros de la Junta habían firmado el compromiso de no concurrir como candidatos presidenciales en la elección de 1947. Así pues Betancourt y los demás dirigentes que le acompañaban en labores de gobierno son quizás los primeros políticos venezolanos que, pudiendo permanecer en el poder, hacen un ejercicio de despersonalización del mismo y apuestan al desarrollo institucional del país. 


La Junta Revolucionaria de Gobierno en pleno despacha desde Miraflores


Probablemente, todos estos hechos que hemos descrito son los que lleven al historiador Germán Carrera Damas a señalar que el mayor logro acometido durante el trienio es el rescate de la soberanía popular de los venezolanos, que venía siendo usurpada ininterrumpidamente desde que se instauró la República. Bajo este argumento Carrera sentencia que 1945 es “el primer año de la democracia venezolana”, a la vez que afirma:

            La fundación de la primera República liberal democrática representó el primer intento sistemático (…) de perfeccionar en la hoy Venezuela la abolición declarativa de la monarquía, realizada mediante la aprobación, el 23 de noviembre de 1811, de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela. (Carrera en Consalvi, 2010, p.9).

Reiterando un punto que habíamos señalado más arriba, el politólogo Juan Carlos Rey caracteriza a la etapa de gobierno de la Junta Revolucionaria de gobierno como un momento donde la realidad del país cambia completamente, al producirse lo que, en pocas palabras, él cataloga como la irrupción de las masas en la política venezolana a través de los partidos políticos:

            Pues el nuevo orden que se trataba de implantar tras la «Revolución de octubre» significaba un cambio radical en las reglas de juego que hasta entonces habían regido la política, e implicaba la introducción de nuevos medios de intervención y nuevos jugadores y la irrupción de las masas en la misma. En adelante, los recursos para el éxito político no serán ya las relaciones o influencias personales de tipo tradicional, sino la capacidad para persuadir, organizar y movilizar a las masas. (Rey, 1991, p.539).

El trienio adeco finalizará con el golpe de Estado que depone a Rómulo Gallegos en noviembre de 1948. Para justificar esta nueva intromisión militar en los asuntos políticos del país se ha argumentado que AD ejercía el poder de manera sectaria en vista de su amplio apoyo popular. Ahora bien, estos baches –si es que efectivamente existieron- se tratarán de subsanar cuando, tras varios años de Dictadura Militar, las organizaciones políticas democráticas vuelvan a tener en frente la posibilidad de detentar la conducción política de Venezuela, luego de que se produzcan los sucesos del 23 de enero de 1958. 


La firma del Pacto de Puntofijo

Tras la rebelión popular con acompañamiento militar que estalla el 23 de enero y que termina deponiendo al General Marcos Pérez Jiménez, los tres grandes partidos políticos (AD, URD, Copei) que habían trajinado la lucha en la clandestinidad contra la Dictadura y que estaban comprometidos con la instauración de un régimen democrático en el país, se aprestan a firmar un pacto para hacer realidad tal fin. 

Actores contemporáneos de la vida política nacional se han empeñado en satanizar el Pacto de Puntofijo, en tanto valoran negativamente la consecución de acuerdos y consensos entre partidos políticos, sindicatos, empresarios y otros actores del sistema político. Nuestra perspectiva en cambio, ve con buenos ojos la negociación y eventual llegada a puntos de confluencia entre actores del sistema político siempre y cuando éstos sean altamente representativos de los intereses de quienes dicen encarnar, como en efecto sucedió durante buena parte de los 40 años que van de 1959 a 1999.


Betancourt, Villalba y Caldera firman el "Pacto de Puntofijo"


A propósito de esto, Juan Carlos Rey apunta que el Pacto entrañaba algún propósito de enmienda ante eventuales errores que hicieron naufragar el experimento democrático adelantado entre 1945 y 1948:

            El régimen democrático que se instaura en Venezuela después de 1958 está fuertemente marcado por la experiencia traumática del trienio 1945-1948, y es un intento deliberado de evitar los errores y deficiencias de aquel ensayo fallido. Con tal fin se trató de lograr un amplio consenso entre los principales actores políticos y sociales en torno a unas reglas de juego básicas del orden político (Rey, 1991, p.542) 

Así pues, la democracia bajo la figura de pactos institucionales que aseguren la gobernabilidad y el buen desempeño del gobierno hacia la estabilización de un régimen de libertades e imperio de la Ley, resulta clave en los procesos de transición. De allí nuestra valoración positiva de este tipo de acuerdos. 

En el caso venezolano, que solamente excluyó de la firma del acuerdo -pero no del ejercicio de la actividad política- al PCV (dada su reticencia al establecimiento de la democracia en el país), se asumió un compromiso de tres aristas por parte de los partidos políticos firmantes, que Naudy Suárez Figueroa resume en: 

a) La “defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral”; b) la “conformación de un gobierno de Unidad Nacional” y c) la “suscripción de un programa mínimo común” (Suárez, 2006, p.19)

Puntofijo y los pactos adelantados en 1958 (El avenimiento obrero-patronal, por ejemplo) marcan así un intento sin precedente en Venezuela por incluir a sectores heterogéneos del sistema político en arreglos que tendieran al fortalecimiento institucional a todo nivel y hacia la instauración definitiva del régimen democrático en nuestro país. 

En definitiva, son estos tres momentos históricos (Barranquilla, El Trienio Adeco y Puntofijo) los que configuran y dan pie al establecimiento de la democracia en Venezuela. Como pudimos ver, cada uno de ellos da cuenta de una etapa de maduración distinta al anterior en lo que al pensamiento democrático se refiere y es a través de esa madeja -que se va tejiendo con los aportes que deja cada uno de estos episodios- como podemos caracterizar eso que luego será el período de los 40 años de lo que el propio Germán Carrera Damas ha denominado la “República Civil” en nuestro país.


BIBLIOGRAFÍA

Betancourt, R [et al.] (1931). “Plan de Barranquilla”. Extraído el 12 de enero de 2014 de http://www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/plan_de_barranquilla.asp

Consalvi, Simón A. (2010). “La revolución de octubre (1945-1948): la primera República Liberal Democrática”. Caracas: Fundación Rómulo Betancourt.

Rey, Juan C. (1991). “La democracia venezolana y la crisis del sistema político de conciliación”, en: Revista de estudios políticos (Nueva Época), No. 74, Octubre-Diciembre, págs. 533-578.

Suárez, Naudy (2006). “Punto Fijo y otros puntos: los grandes acuerdos políticos de 1958”. Caracas: Fundación Rómulo Betancourt.

Nehomar Adolfo Hernández (*)

(*) Trabajo final elaborado para la asignatura "Sistema Político Venezolano", dictada por el Prof. Gustavo Salcedo Ávila en la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolivar (USB) Caracas-Venezuela