El poder como ejercicio del consenso / El poder, la violencia y la revolución

El poder como ejercicio del consenso

A lo largo de toda la obra "Sobre la Violencia" de Hannah Arendt se advierte la intención marcada de la autora en someter a revisión -desde una perspectiva particular- algunos conceptos que tradicionalmente están asociados a la praxis política. Aún y cuando las disertaciones sobre la noción de violencia, guerra y conflicto copan buena parte del libro, otros conceptos de importancia capital también son estudiados en esta obra; tal es el caso de una nueva conceptualización del asunto del poder que hace explícita Arendt.

En tal sentido, la autora de origen judeo-alemán busca establecer una suerte de dicotomía entre dos aspectos que constituyen parte -quizás protagónica- de lo político: el poder y la violencia. De allí pues, la visión particular de Arendt buscará hacernos comprender que estos dos conceptos se pueden entender en la medida en la que el uno refleja -por definición- la negación del otro.

El poder y la violencia son opuestos; donde uno domina absolutamente falta el otro. La violencia aparece donde el poder está en peligro pero, confiada a su   propio impulso, acaba por hacer desaparecer al poder. Esto implica que no es correcto pensar que lo opuesto de la violencia es la no violencia; hablar de un poder no violento constituye en realidad una redundancia. La violencia puede    destruir al poder; es absolutamente incapaz de crearlo. (Arendt, 1970, p. 77)

Ahora bien, para hacer más clara esta distinción conviene comprender que la autora estima que el poder, más que un vehículo para la represión legítima, la admistración del "orden" o la estructuración estratificada de relaciones verticales entre  el gobernante y los gobernados, es un ejercicio permanente de consenso. Aquí el meollo de la discusión descansa en la construcción alternativa que hace Arendt de la visión que tienen autores como Maquiavelo, Hobbes o Weber, donde el poder pasa de ser un asunto que se resume en la ecuación mando-obediencia a ese entramado mucho más complejo que se da en el ámbito de las relaciones sociales y donde, a través del debate constante, se persigue el llegar a puntos de coincidencia; es decir: a la consecución de acuerdos.  

Conviene reflexionar si lo expuesto por Arendt es simplemente una visión alternativa a la de los autores que hemos mencionados anteriormente o, si más allá de eso, tiene pretensiones de trascender las concepciones maquiavélicas o weberianas del poder. De acuerdo a las propias palabras de la autora, la intención parece ser esta última, en tanto y en cuanto pretende superar y al mismo tiempo complementar la definición de poder usualmente estudiada en la ciencia política; todo ello al estimar que: "Poder corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. El poder nunca es propiedad de un individuo; pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras que el grupo se mantenga unido." (p.60)

Así pues, Arendt no concibe lo poderoso en los términos de la mandonería propia de un tirano que, a través del terror y la violencia, coacciona a un conjunto de personas para imponer su voluntad, sino que por el contrario estima que habrá poder efectivo allá donde la toma de decisiones se produzca al calor de lo consensuado, habrá poder donde más allá de las imposiciones, haya acuerdos generados a través del diálogo.

Esta visión de la autora, seguramente muy influenciada por su vivencia personal vinculada a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial y la persecución del pueblo judío preconizada por el régimen Nazi alemán, es una abierta invitación a repensar  cómo concebimos que una Nación es "poderosa": si lo hacemos como un sistema donde reinan la amenaza y la permanente latencia de la guerra (interna y externa) contra quien disiente del "gobierno fuerte", o bien como una sociedad que -apalancada en el diálogo- llega a puntos de vista en común que permiten enrumbar los barcos de un verdadero proyecto nacional hacia un sólo puerto.   

El poder,  la violencia y la revolución

Como se ha mencionado más arriba, poder y violencia son conceptos que para Arendt son imposibles de desvincular el uno de el otro. Esto es, comprender ambas nociones como antagónicas: cuando el rango de acción de una va in crescendo el de la otra, lógicamente, se reduce. Así pues, se hace evidente que -en medio de la concepción del poder consensuado que se estableció antes- cuando alguien emprende el sendero pleno de incertumbre que representa la violencia los cimientos del poder que dice detentar se fracturan.

Cuando una nación decide iniciar una guerra el llamado al conflicto -necesariamente- debe legitimarse, generalmente a través de explicaciones en la arena política en aras de hallar una justificación; es en ese interín cuando el supuesto poder de los gobernantes pudiese comenzar a ser puesto en entredicho. Desde otro punto de vista, si la guerra se emprende sin que medie argumento alguno (por criticable que éste pueda ser) la acción violenta no gozará de legitimidad, por lo que el cuestionamiento al poder -y su tambaleo- es el destino más seguro.

En todo caso, para Arendt la violencia  no es, en lo absoluto, definible en sí misma, puesto que entraña un carácter meramente "instrumental" (p.63), donde ésta dificilmente puede ser concebida como un fin, más aún cuando siempre sirve como herramienta o medio para lograr otros objetivos (conquistar nuevos territorios, por ejemplo). A través de esta concepción también podemos entender por qué los intentos de imponer a troche y moche algo (a través de amenazas o de escaladas de violencia) son abierta contraposición y reducción de la esfera del poder (visto como espacio de consenso y concierto de ideas).

Sobre el tema de las revoluciones Arendt destaca un aspecto que es capital: estas no se hacen por obra y gracia de las pasiones desbordadas ni por un mero instinto de exacerbación de la violencia, sino que por el contrario están ineludiblemente ligadas al sentido de la oportunidad de quien pretenda liderizarlas; esto es, ni más ni menos, que el tener ese olfato que permite detectar una serie de condiciones que garantizan el éxito de la revolución. Lo de Arendt no viene a ser una revelación o una novedad, puesto que ya el propio Lenin en sus escritos previos a la puesta en marcha de la "Revolución Bolchevique" advertía que para que ésta fuese exitosa se debía esperar un momento oportuno donde se presentaran una serie de condiciones específicas que garantizaran la toma efectiva del poder.

Si nos seguimos remitiendo al caso específico de la Revolución Rusa, resulta evidente que la afirmación de que "revolucionario es aquel que reconoce cuando el poder está en la calle y sabe cómo tomarlo" cobra  cierta verosimilitud. Todo ello en la medida en que Lenín aprovecha la magnitud del poder que representa para entonces la gran masa de obreros que están dispuestos a salir a la calle para reclamar sus derechos y constituye una vanguardia que dote de dirección política a ese movimiento, al tiempo que se aprovecha de la condición histórica de declive en la que venía sumiéndose el otrora poderoso régimen zarista.

           

 Nehomar Adolfo Hernández

Bibliografía

ARENDT, H (1970). Sobre la violencia. Madrid: Alianza Editorial 

*Trabajo realizado por el autor para la asignatura "Elementos para el análisis político" de la maestría en ciencia política de la Universidad Simón Bolívar (USB)

Demarcando Estado y Sociedad / Poder y legitimidad

Demarcando Estado y Sociedad

Uno de los debates más fecundos y ricos que se plantean en el mundo de la política es, indudablemente, aquel que busca arrojar luces a la eterna polémica entre lo público y lo privado: ¿En qué ámbito comienza una cosa y dónde arranca la otra? ¿Hasta qué punto llega cada una?. Son muchas las preguntas que pueden formularse sobre estos dos particulares, y justamente en ese sentido se plantea la polémica entre el espacio de acción específico de "La Sociedad" y aquel que le atañe a lo que actualmente conocemos como "El Estado". ¿Podemos hablar de sociedad sin recurrir al concepto de Estado?.

En principio, resulta interesante entender al Estado más allá de la concepción Weberiana clásica, donde éste es meramente el ente que detenta el monopolio legítimo de la violencia dentro de un determinado territorio. De igual forma, resulta conveniente evaluar en profundidad la definición de "sociedad civil" que llega a asomar Sartori en su obra "Elementos de teoría política" (2008), en la cual la circunscribe a ser un cuerpo que comienza a desarrollarse de forma autónoma y desvinculada del Estado en el momento en el que emprende -con éxito- la tarea de estructurar sus propias relaciones económicas basadas en el libre intercambio de bienes y servicios entre los individuos, en la Europa de los Siglos XVIII y XIX.  

Ahora bien, a fines de enriquecer la definición de Estado que estamos trabajando bien vale incorporar el concepto que toma prestado Bobbio en su libro sobre "Estado, Gobierno y Sociedad" (1989), allí éste es visto por Mortati (1969:27) como el "ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en un territorio determinado, al que están subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen a él" (p.128). Y de allí deviene necesariamente la pregunta: ¿Y qué serían estos sujetos sino la sociedad?. Esto parece clarificarnos un poco la duda de la vinculación entre una y otra cosa, duda que dejaremos más clara a continuación.

Por otra parte, en lo referente a la sociedad, y buscando superar la visión donde su separación del Estado descansa exclusivamente en el hecho de la autonomía económica, Bobbio es enfático al afirmar que dificilmente se puede definir "Sociedad civil" sin hacer alusión al Estado. Allí el autor señala que "negativamente, se entiende por 'sociedad civil' la esfera de las relaciones sociales que no está regulada por el Estado" (p.39). Ergo, el espacio entre uno y otro ámbito parece tener una delgada línea limítrofe, por demás sometida a una discusión permanente.

Si analizamos todo el asunto desde el punto de vista de determinar el espacio de actuación del Estado y el de la Sociedad, nos percataremos de que el primero, ineludiblemente, tiene como "razón de existencia" y "deber ser" una serie de acciones que se implementan para impactar directamente en la esfera de la "Sociedad Civil". De allí que hasta quienes pregonan la utilidad de la existencia del llamado Estado mínimo consienten en la idea de que éste es un instrumento que debe ocuparse  -al menos- de garantizar que la violencia no opere libremente dentro de la sociedad, resguardando la vida de sus integrantes. Más allá de ello, quienes consideran necesario que el Estado asuma otra serie de tareas en pos de garantizar el bienestar social, estiman vital que éste vele por el establecimiento de sistemas efectivos de salud y educación pública, por ejemplo. En resumen, al percatarnos de que las actuaciones del Estado tienen como escenario de sus actos al espacio donde hace vida la Sociedad, entendemos que resulta ilógico y absurdo desvincularles.

Si se enfoca el análisis desde el punto de vista de las actuaciones que adelanta la llamada "sociedad civil", puede aceptarse que muchas de ellas pueden llevarse a cabo sin que medie la actuación del Estado (como los intercambios económicos, o las formas de representación cultural). Sin embargo, ésto sólo es valido para sociedades democráticas donde hay goce pleno de las libertades políticas, económicas, culturales, entre otras. Desde aquellos Estados que se adjudican la realización de un mayor número de tareas, hasta los que tienen aspiraciones totalitarias (intervienen directa o indirectamente en las distintas esferas en las que opera la Sociedad con el ánimo de eclipsarlas), la afirmación aquella de que el mundo del Estado y el de la Sociedad Civil están divorciado es, cuando menos, risible.    

En definitiva, aún en casos ideales donde la democracia opera como es debido, más allá del mero hecho electoral, la "Sociedad" actúa en un territorio donde la forma de organización operante es el Estado, por tanto la misma siempre será impactada en alguna medida por las actuaciones que éste adelante, mientras que las suyas, aún y cuando busquen mantenerse al margen de la esfera de acción del Estado, pueden verse comprometidas por la orientación que tenga éste último.

Poder y legitimidad

Aún y cuando hemos aclarado más arriba que el uso de la fuerza no es, per sé, el único elemento definitorio del poder político (como establece Weber en su concepción clásica del Estado), no se puede negar que el monopolio de la violencia legítima es el  componente primordial que caracteriza a este tipo de poder.

Y cuando hablamos de que el Estado -como máxima instancia del poder político- asume para sí la tarea de administrar la violencia en los casos que fuere necesario, ineludiblemente aceptamos también que lo hace basado en principios de legitimidad que le otorgan esa potestad.

De arrancada, estos principios de legitimidad se sustentan en el consenso general que rige a la mayor parte del mundo desde que, en la Europa del siglo XV, irrumpiera Maquiavelo enarbolando la figura del Estado como forma de organización del poder político, en una relación de orientación vertical entre gobernantes y gobernados. Todo ello de tal manera que, hasta nuestros días, ésta es la concepción cuasi universal que se tiene para estructurar el poder. Al sol de hoy, la premisa Marxista de hacer implosionar al Estado para, luego de su desaparición, lograr establecer la horizontalidad a través del gobierno de todos no ha visto concresión en ninguna parte del mundo (prueba de ello es el fracaso de la experiencia soviética que dio al traste 7 décadas después de iniciada la Revolución Bolchevique).

De allí que, probablemente, la base legitimadora del Estado la podamos encontrar en el consenso generalizado que existe para aceptar que es la única figura viable para organizar el poder político. Esto lo podemos ver patentizado en esa premisa que expresa que el Estado, al menos en principio, es el instrumento necesario para resolver aquello que los particulares, por un muchas razones que no es la idea mencionar aquí, no pueden resolver por cuenta propia, ejemplo: el resguardo de su seguridad personal al salir a una calle (basta imaginar qué pasaría en una ciudad donde  absolutamente todos sus pobladores usaran armas indiscriminadamente, basados en el principio de la "defensa personal".)

En resumen, al hablar de la necesaria legitimidad que le otorgan los particulares al Estado (poder político) para que éste use la violencia cuando se amerite, es vital entender que esto no implica la extensión de un cheque en blanco. Sobre este particular Bobbio (1989) destaca que lo que hace perdurable al poder político son las bases de legitimidad sobre las que descansa. En tal sentido, lo "légitimo" viene dado en arreglo: 1) a la naturaleza: si se considera que unos deben mandar y otros obedecer o bien que necesariamente la racionalidad impone que un soberano elija a su gobernante, 2) a la historia: donde la tradición y el statu quo se vuelven algo legitimador o bien la idea de cambio provoca una revolución que acabe con lo establecido y 3) a la voluntad: en la Monarquía se acepta la voluntad divina, mientras que en la República rige la decisión del soberano (p.120-124)

Finalmente, al hablar de ese manto de legitimidad del que hemos entendido que debe estar revestido el poder político para operar, indirectamente aceptamos que para ello es necesario que continuamente ocurran procesos de permanente re-legitimación de los mecanismos que emplea dicho poder en su accionar rutinario, aval que, en todo caso, le corresponde al soberano dar.  

                                                                                                                 

                   Nehomar Adolfo Hernández

Bibliografía

BOBBIO, N (1989). Estado, Gobierno y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica

SARTORI, G (2008). Elementos de teoría política. (6ta Ed.). Madrid: Alianza Editorial.

*Trabajo realizado por el autor para la materia "Elementos para el análisis político" de la maestría en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar (USB). 

¿Qué es la política?/La política y la búsqueda de lo justo

¿Qué es la política?

Cuando emprendemos cualquier estudio vinculado con la política, lógicamente un aspecto fundamental que determina el éxito que podamos tener en dicha tarea recae en el hecho de  precisar y entender muy bien de qué estamos hablando al momento de referirnos a esta expresión. Tanto más cuando la escasa comprensión sobre lo que implica tal palabra algunas veces genera distorsiones en el imaginario colectivo; falsas suposiciones que, en ciertas ocasiones, tienden a hermanar el término "política" con todo lo malo que se pueda esperar del hombre.

En tal sentido, y con el el propósito de  hacernos de una noción básica de la política, la definición aportada por Manuel García-Pelayo en su "Idea de la Política" (1999) nos resulta de una utilidad inconmensurable. En dicha obra, este connotado académico español delimita con gran precisión el asunto, circunscribiéndolo a la "aspiración a participar en el poder o a influir en su distribución, sea entre Estados, sea, dentro un Estado, entre los hombres incluidos en él" (p.13).

De esta concepción que tiene García-Pelayo se desprende que, naturalmente, las actividades propias de la política derivan de la cuota de participación e influencia que pueda tener un individuo (inserto en la vida en comunidad) al momento de poder decidir cómo se conducen los asuntos públicos de la parroquia, municipio, estado o país en el que habita (nótese que en este caso hacemos alusión a las unidades de división político-territoriales utilizadas en Venezuela, pero lo mismo aplica a cantones, distritos, condados o a las distintas unidades que son empleadas en otras latitudes del mundo). Fijada esta idea, es evidente que la discusión sobre lo que es político gira en torno a aspectos sumamente inmediatos a cualquier persona que, como es normal en la vida humana, genere interacciones con sus semejantes dentro de un determinado espacio físico; de allí que, tal y como se ha señalado siempre, lo político tiene una vinculación   -en extremo difícil de romper- con lo social.

Así pues, el quehacer político involucra a colectivos humanos, comprometiéndolos en la toma de decisiones que afectan positiva o negativamente las metas o fines que éstos tengan a bien plantearse como unidad. Estas lineas maestras -o fines que se plantea cada sociedad- abarcan un amplio abanico de aspectos inherentes a la vida de quienes conforman este corpus social: la orientación del modelo económico a seguir, las manifestaciones culturales aceptadas, las leyes que establecen lo permitido y lo prohibido dentro de una comunidad, entre muchos otros elementos.

El propio García-Pelayo (1999) indica que, a grandes rasgos, a lo largo de la historia de la humanidad puede distinguirse entre dos visiones de la política: una que apunta fundamentalmente a la lucha por el control del poder y por ende se concibe en términos de establecer relaciones entre gobernantes y gobernados (donde unos imponen su voluntad a los otros); y por otra parte, también es admisible contemplarla como un mecanismo para aspirar a la paz y el orden social, donde el elemento clave es la búsqueda de la justicia (pp. 6-7).

En conclusión, el ámbito de la política siempre estará situado allí donde bien los individuos o bien los grupos humanos -movidos por una serie de motivaciones propias- busquen dirimir en la esfera pública sus conflictos. Estas confrontaciones, a veces canalizadas a través de la violencia física y otras tantas matizadas a través del diálogo, persiguen la conquista de espacios en los niveles de decisión que se pueden tener para determinar el destino de un colectivo. Son ejemplos de la búsqueda del poder que hemos descrito: los conflictos armados que se dan entre países (situación violenta) y las pugnas electorales que se dan entre partidos políticos en un determinado país para acceder a cargos de elección popular (situación no violenta).

La política y la búsqueda de lo justo

Resulta difícil deslindar la búsqueda de la justicia del campo de acción de la política, tanto más cuando la tradición inaugurada por los filósofos griegos asoma que, por encima de muchas otras cosas, el ejercicio de lo político tenía como objeto fundamental garantizar la prevalencia de lo bueno y lo virtuoso dentro de la polis, ergo el objetivo apuntaba a aproximarse a lo que era justo para sus ciudadanos.

En esencia, esta visión de la política como mecanismo para lograr la justicia se sustenta en lo que indica Sartori (2008) desde el punto de vista del análisis del discurso de los griegos, el cual afirma que contampla un profundo componente ético que es posible detectar especialmente en los trabajos de Platón (p. 237). Sin embargo, con el tránsito a la entrada en escena del Estado como estructura fundamental de la política y la aparición de una relación vertical entre quien detenta el gobierno y quien, logicamente, es gobernado  (bandera fundamental del pensamiento de Maquiavelo) la noción de lo justo como fin último de la política se verá trastocada en cierta medida. De acuerdo a esta nueva concepción la valoración no oscilará entre lo bueno y lo malo, sino que se centrará en la búsqueda de los mecanismos que permitan la conservación del poder y que a la vez logren hacerlo funcional y efectivo, en una relación donde existen gobernantes y gobernados.

Ahora bien, para entender a qué nos referimos resulta provechoso hacerse de la definición que esgrime García-Pelayo (1999), que amplía la noción general que podamos tener sobre lo justo asociado solamente a la visión básica de lo bueno y lo malo. Es caracterizada por dicho autor como sigue:

La pretensión de realizar imperativamente, es decir, en general por la vía jurídica, un sistema axiológico, concepción que no contradice el concepto tradicional de justicia, sino que más bien lo perfecciona en cuanto que proporciona un standard de lo que es cada uno y la jerarquía de objetivos hacia los que ha de tender la comunidad política. (p.21)

De allí se deriva la reflexión de que la justicia va más allá de la dualidad simplista de la concepción bueno-malo que cada quien pueda tener, puesto que producto de la evolución histórica del pensamiento la búsqueda de lo justo se verá luego vinculada a la creación de un ordenamiento jurídico que permita reglamentar mediante la ley ¿qué es lo que definitivamente debe aceptarse y qué es lo que por ningún motivo puede aceptarse? en función de las particulares aspiraciones y modos de vivir de cada sociedad.   

Así pues, el propio García-Pelayo refiere que la relación entre la política y la justicia en nuestros días puede bosquejarse, en alguna medida, en los términos en los  que Schiller planteó el asunto y que, palabras más, palabras menos, asumen el hecho de que la actividad política se vincula con la búsqueda de la conquista del poder, para que una vez que éste haya sido tomado se implante en los gobernados una noción de justicia. Esto es, en resumen, generar una serie de objetivos que dicha sociedad asume como propósito a realizar, dentro de unos esquemas que delimitan cuáles son las actuaciones permitidas y las no permitidas para lograrlo. 

Nehomar Adolfo Hernández

Bibliografía

GARCÍA-PELAYO, M (1999). Idea de la política. (6ta Ed.). Caracas: Fundación Manuel García-Pelayo.

SARTORI, G (2008). Elementos de teoría política. (6ta Ed.). Madrid: Alianza Editorial. 
  


*Trabajo realizado para la asignatura "Elementos para el análisis político" de la maestría en Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar (USB)

La ausencia del Líder ¿El fin del proyecto?: Hugo Chávez y el destino de la Revolución Bolivariana en Venezuela

Luego de haber vencido en los comicios presidenciales del 7 de octubre de este año -al contar con el voto de algo más de 8 millones de venezolanos- y tras una ausencia del país prolongada por varios días y que había dejado el campo abierto a la especulación y la rumorología, el sábado 8 de diciembre reapareció el Presidente Chávez en el Palacio de Miraflores en una cadena de radio y televisión que tenía como propósito anunciarle a los venezolanos los quebrantos que venía presentando su salud en las últimas semanas.

Así pues, flanqueado por Nicolás Maduro (Vice-Presidente de la República) y Diosdado Cabello (Presidente de la Asamblea Nacional y Vice-Presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela), se presentaba el Comandante Hugo Chávez ante la opinión pública ese sábado con tres objetivos fundamentales, a saber: 

1) Rendir cuenta del  más reciente tratamiento al que se había sometido en la Isla de Cuba, mediante la aplicación de oxígeno a través de una cámara hiperbárica, todo ello ante la aparición de molestias y dolores importantes en la zona de donde se leextrajo el tumor cancerígeno que ha venido aquejando su salud desde hace más de 1 año y medio (junio de 2011).

               
2) Informar que paralelamente a las sesiones de terapia con dicho tratamiento se había sometido a una serie de exámenes muy exhaustivos, en los cuales se habría determinado que se produjo una reaparición de algunas células cancerígenas en su cuerpo, por lo que era indispensable que la Asamblea Nacional le aprobase un permiso para estar fuera del país por más de 5 días, en tanto y en cuanto era necesario que volviese a la Habana para someterse a un nuevo procedimiento   quirúrgico.

3) Poner sobre el tapete la posibilidad de que el proceso de recuperación post-     operatoria, en vista de la magnitud que reviste la nueva cirugía, podría impedir que estuviese presente en el acto de juramentación ante la Asamblea Nacional para asumir el nuevo período de gobierno, acto previsto a ser llevado a cabo el 10 de   enero próximo. Sobre este último escenario Chávez se adelantó a cualquier elucubración y dejó claro que ante la imposibilidad de seguir ejerciendo el poder desde la silla presidencial el elegido para continuar la gesta revolucionaria era, naturalmente, el Vice-Presidente Nicolás Maduro. 

La designación de Chávez revive así la vieja polémica que varias veces se ha ventilado sobre los grupos de poder internos que coexisten dentro del llamado "chavismo". Por años se ha aludido a la supuesta existencia de múltiples facciones que conviven -a veces a trompicones- dentro de las filas rojas, siendo la lealtad y el culto a la figura de Hugo Chávez como líder único y símbolo de la revolución bolivariana el único elemento que logra aglutinarles en torno a un objetivo en común; sin embargo, sin caer en las honduras de la especulación sobre los posibles intereses y particularidades que cada subgrupo pudiera encerrar, estamos en presencia del hecho innegable de que cohabitan en el chavismo al menos dos grandes grupos: el de los civiles y el de los militares.

Recordemos pues, que la construcción de la plataforma política que lleva a Chávez al poder por primera vez en las elecciones presidenciales 1998, el Movimiento Quinta República (MVR), se apalanca precisamente en estos dos grandes grupos: por una parte los militares que habían tomado parte en las intentonas de golpe de estado al gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, además de los que no acompañaron aquellas asonadas pero han venido ganándose el favor del Líder en base a su lealtad probada en los cuarteles durante la última década y, por la otra, en un grupo de personajes civiles que compartían como rasgo común el haber hecho oposición a los llamados partidos tradicionales del sistema (el socialdemócrata Acción Democrática y el socialcristiano Copei) que se alternaron en el poder durante la era de gobiernos democráticos comprendida entre 1958 y 1998.

Chávez, ¿El único que puede?

Ahora bien, la pregunta pertinente en el actual momento no subyace en el hecho de averiguar quién sería el personaje que se impondrá como sucesor de Hugo Chávez. El cuestionamiento que debemos hacernos en este instante debe obedecer a una duda más básica aún: ¿Es sustituible Hugo Chávez como figura principal del chavismo y cabeza del proyecto político bolivariano?.

Más allá del aprovechamiento de los ingentes recursos que ingresan al país vía renta petrolera y permiten implementar programas sociales destinados a los más humildes, Hugo Chávez ha cimentado su poder durante estos 13 años en su extraordinaria capacidad para generar conexión con los sectores populares a través de su discurso. Aún en los últimos tiempos, donde la supuesta enfermedad del Presidente hacía pensar que éste limitaría su tiempo de exposición frente al micrófono, no resultaba raro ver al Comandante comparecer en la tarima arengando a sus seguidores con piezas discursivas de varias horas de duración. Nos hallamos pues, en presencia de un liderazgo que no comporta elementos racionales, sino que por el contrario se sustenta en el carisma del Líder y en el símbolo de redentor social  que éste encarna. 

La historia ha demostrado con creces que este tipo de liderazgos, independientemente del signo ideológico que hubiesen podido tener en su momento, son por demás personalísimos e intransferibles: 

             -Aún y cuando han transcurrido casi 40 años de la muerte del que aseveraba ser el defensor de los descamisados y trabajadores, el peronismo sigue siendo un sentimiento muy fuerte en la Argentina, al punto de que se han creado varias   organizaciones políticas que dicen pregonar el ideario de Juan Domingo Perón. Sin embargo, nunca nadie pudo monopolizar ese sentir al punto de consagrarse como el sucesor del General.

             -Francisco Franco, el Caudillo y salvador de España, detentó el poder como amo y señor en el país ibérico por casi 4 décadas. No obstante, el franquismo como fenómeno concreto, al igual que el peronismo, nunca encontró un heredero   que lograra dar continuidad a la obra del Generalísimo. De hecho, aún y   cuando algunos colaboradores directos de Franco siguieron haciendo vida política luego de la transición al sistema democrático, nunca se organizó un movimiento o   partido político de trascendencia que acogiera directamente su figura como fuente de inspiración.   

Así pues, podemos poner en el tapete numerosos casos que evidencian el hecho incontestable de que quienes han puesto a descansar el destino de un determinado proyecto político en los hombros de un elegido, de un hombre que va dejando cada vez más de ser hombre para transmutarse en Semidiós, han visto fracasar y perderse en la nada esos proyectos con pretensiones hegemónicas. Como contrapartida, quienes en vez de ello han aprovechado su conexión popular y su carisma para dar vida a organizaciones e instituciones (partidos políticos) capaces de hacer perdurar un ideal colectivo por encima de las individualidades, han corrido con mejor suerte en la tarea de allanar el camino para echar las bases en la construcción de proyectos de poder perdurables en el tiempo. 

Casos como el de Rómulo Betancourt en Venezuela y Victor Raúl Haya de la Torre en el Perú, son ejemplos esclarecedores de esto último que hemos señalado: hombres que, amén de ser expresión viva del sentimiento popular de un país en un determinado momento, prefirieron utilizar su liderazgo para construir partidos que garantizaran la perdurabilidad de sus proyectos políticos hasta después de que ellos hubiesen fallecido. Allí la clave: la creación de instituciones que permitieran hacer trascender el asunto más allá de un hombre, de un iluminado, de un imprescindible. Y vaya que ni Betancourt ni Haya obtuvieron pingües resultados en su empresa, puesto que  Acción Democrática ha cumplido recientemente 71 años de existencia y sigue siendo una referencia política importante en Venezuela, en tanto que el APRA -ya octogenario- hasta hace apenas un año aún era el partido de gobierno en el Perú.

La "sucesión"

Para Chávez el tema de la creación de un partido político nunca fue una prioridad, sino que más bien siempre fue un hecho entendido como una necesidad de tipo coyuntural-electoral. De allí que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) nazca más como una forma de aglutinar en una sola organización -a la fuerza y bajo la tesis del partido único- a todo el que se considerase chavista que como una plataforma política para promover el llamado socialismo del Siglo XXI. Lo importante siempre ha sido el Líder, el proyecto (entendido como algo que necesariamente tiene que ser colectivo) todo el tiempo fue dejado en un segundo plano.   

Es allí donde se produce el gran drama del chavismo, que a lo largo de todos estos años ha repetido hasta el cansancio que tiene todo para asegurar que la revolución bolivariana perdure por décadas, pero que paradójicamente no supo acometer a tiempo la tarea de preveer el relevo necesario, preveer pues que los líderes -seres de carne y hueso al fin y al cabo-, no son eternos. El personalismo, mal que ha sido espada de Damocles en los dos  casos que mencionamos más arriba y en muchos otros que la historia guarda entre sus páginas, anula y castra cualquier posibilidad de que un proyecto político pueda llegar más allá de lo que llega la vida de ese líder celebérrimo que un día enardeció a las masas. 

Luego de esta reflexión y suponiendo la veracidad de la información que ha divulgado el propio gobierno venezolano sobre el agravamiento del estado de salud del Presidente Chávez, más allá de evaluar si se impondrá el grupo militar o el civil como el heredero y usufructuario del legado chavista en los años por venir, debemos comprender que Chávez -en base al tipo de liderazgo que ha construido durante todo este tiempo- es un personaje irremplazable, por lo que en su ausencia sólo son posibles dos escenarios: la desaparición paulatina del chavismo como fenómemo político (tal y como sucedió con el franquismo), o bien que perdure Chávez como símbolo y figura de culto de varios grupos pero que ante la ausencia del Líder que les aglutina serán víctimas de sus contradicciones internas y deberán tomar caminos políticos separados (reeditando la experiencia argentina de los múltiples partidos peronistas).   

El equipo de gobierno de Capriles

El inminente triunfo de Henrique Capriles en la justa electoral del próximo 7 de octubre ha traído a la mesa un plato fuerte para la discusión: la composición del posible equipo de gobierno que acompañará al actual abanderado de la Unidad Democrática de cara a su gestión como Presidente de la República en el período 2013-2019.

  

En días recientes, medios digitales y rumores de pasillo se han volcado a aludir, por ejemplo, al tema de la escogencia de un “compañero de fórmula” para Henrique. De lado y lado hay quien habla de la posibilidad de que la responsabilidad de la Vice-Presidencia recaerá sobre el actual gobernador del estado Lara, Henri Falcón, en tanto que otros arguyen que la persona idónea para ello es el hombre que ha sido pieza clave en la consolidación –diálogo y debate mediante- de la unidad a prueba de balas que hoy presenta la MUD: Ramón Guillermo Aveledo.

Tanto el gobernador larense como el Secretario Ejecutivo de la Mesa Unitaria tienen credenciales de sobra que los avalan para desempeñarse como el segundo a bordo en la futura gestión Presidencial; ahora bien, más allá del tema de la Vice-Presidencia, ¿Cuáles son las características que debe tener el equipo completo que acompañará a Capriles en las carteras ministeriales y demás organismos del estado?

La pregunta se nos presenta especialmente interesante en tanto y en cuanto Hernique arribará al gobierno apoyado por una coalición bastante numerosa de partidos, organizaciones éstas, que a su vez, presentan distintos enfoques ideológicos (democristianos, socialistas, socialdemócratas, centrohumanistas, etc). Pues bien, creo que la pregunta en cuestión debe responderse a sí misma: debe gobernar con todos y más importante aún, para todos.

¿Y cómo se traduce eso de gobernar con todos? Pues bueno, la nueva gestión gubernamental sencillamente debe ser la de los hombres y las mujeres más aptas para desempeñar la enorme responsabilidad que implicará asumir un gobierno con características de transición (larga transición de 6 años, por cierto). Será ésta una gestión que vivirá unos primeros meses donde probablemente se camine entre la tensa calma y los brotes de violencia esporádicos que caracterizan a los procesos de cambio.

Los hombres y las mujeres del futuro gobierno deberán tener, por encima de todo, comprobadas capacidades y sólidos conocimientos en el área en la cual ocuparán puestos de primera línea, aunado todo ello a una profunda sensibilidad social y una extraordinaria capacidad para dialogar con los venezolanos –y por ende reconciliarlos- durante el próximo sexenio.  

Dudo, con toda la sinceridad del caso, que Capriles quiera hacer de su tren de gobierno una copia al carbón de la lista de miembros de su partido, o bien algo donde solamente figuren sus amigos personales. La circunstancia histórica que vivimos convoca a Henrique y a la vez a los venezolanos en general a que éste sea el momento donde impere aquello de que se debe “gobernar con las y los mejores”, donde no se exija militancia partidista alguna para desempeñar un cargo gubernativo, pero donde a la vez no se crucifique a quien milite en un partido. De hecho, será esta etapa de transición democrática, por cierto, el escenario perfecto para que reconstruyamos el sano ejercicio de la concurrencia de los partidos políticos –de todos los colores- como actores fundamentales de la democracia. Estoy pues, plenamente seguro de que, dentro de  todos los partidos políticos y fuera de ellos hay venezolanos y venezolanas que sabrán estar a la altura del compromiso que se nos viene.  

                                                                                                             Nehomar Adolfo Hernández

Civiles al poder, militares al cuartel

A propósito del 71 aniversario del partido del pueblo vale la pena recordar el rol determinante que jugaron las primeras organizaciones políticas venezolanas -y esencialmente AD como punta de lanza- en la superación del fenómeno caudillista y por ende de la concepción personalista y militarista del poder político en nuestro país.

El 13 de septiembre de 1941, en el Nuevo Circo de Caracas, nace lo que muchos autores califican como el primer partido político de masas de Venezuela: Acción Democrática.

De esta forma, el espíritu de la lucha gestada en primera instancia a través del ARDI, luego por ORVE y posteriormente en el PDN, ve su concreción absoluta en la fundación del partido del pueblo; de la mano de connotadas personalidades como Betancourt, Gallegos, Andrés Eloy, Barrios, Leoni y Prieto Figueroa.

La aparición de AD en la escena política viene a contraponerse a la llamada hegemonía andina en el poder que había inaugurado a finales del siglo XIX “El Cabito” Cipriano Castro, continuada a su vez por los 27 años de cruenta dictadura gomecista y que, a la muerte de “El Benemérito”, había elevado al solio de Miraflores a López Contreras en primer término y a Medina Angarita a posteriori.

Más allá de ello, la irrupción de AD en la palestra, a través de la revolución de octubre de 1945 y luego -con mayor fuerza- al vencer Betancourt en las elecciones de 1958, viene a significar un hecho determinante para los venezolanos desde que decidimos independizarnos del Imperio Español: la llegada de los civiles -de manera real y efectiva- al manejo del poder político (visto el fracaso de la breve presidencia del Dr. José María Vargas a mediados del  siglo XIX).

Desde 1830 hasta 1945 la Patria había puesto a descansar su destino en las manos del militar fuerte de turno, quien para lograr hacerse con el poder vivía en sempiterna guerra de montoneras con sus adversarios. Fuimos testigos de cómo el caudillo devenía en gendarme necesario al llegar a la Presidencia; así vimos calzarse la banda a Generales como Páez, Monagas, Guzmán Blanco, Crespo o el propio Gómez.

Podemos afirmar sin empachos que los mayores avances en materia social, económica y de infraestructura que ha conocido el país se dieron durante los manidos 40 años de democracia que arrancan en 1958 y de los cuales AD es parte consustancial. Sin embargo, el mayor avance producido en esas 4 décadas no es otro que el de haber instaurado la concepción civil del poder en Venezuela

La televisión de servicio público y el triste caso venezolano

Aún y cuando el debate sobre el “deber ser” de nuestra televisión nacional parece ser algo intermitente en nuestro país en los días que corren, resulta pertinente abonar el camino de la discusión sobre algunas consideraciones que estimo importantes en torno a la injerencia que está ejerciendo el gobierno nacional en la programación televisiva que diariamente llega a nuestros hogares, todo ello en desmedro del televidente/usuario y sus derechos a estar informado imparcialmente, ser entretenido de manera sana y contar con programas que redunden en un beneficio educativo para él.

La televisión de servicio público ha venido siendo una iniciativa responsablemente implementada por muchos gobiernos del mundo, utilizada para democratizar el acceso al espectro radioeléctrico; es decir, dotar al pueblo – sin sesgo político alguno- de emisoras de radio y canales de tv para que difundan sus propios contenidos y reflejen las necesidades de sus comunidades, todo ello sin estar sujetos al condicionamiento de las políticas editoriales de los grandes medios, que, como todos sabemos responden a los intereses económicos y políticos de sus dueños.

Como recientemente acota en una entrevista a Noticias 24 el Profesor de la Escuela de Comunicación Social de la UCV, Manuel Sáinz, la experiencia de la radio-televisión comunitaria (canales y emisoras de servicio público), no tiene nada de malo, siempre y cuando quienes dirijan su política editorial sean los propios ciudadanos y no los partidos o gobernantes de turno. Sin embargo, al situarnos en el caso Venezuela la cosa no parece ser color de rosa como la pintan en el papel. Muy por el contrario, en nuestro país, canales de tv como VIVE TV, Ávila TV, TVES o Catia TV, originalmente creados con la orientación del mentado servicio público, están muy lejos de ejercer esta función. Estas televisoras, en vez de ser intermediarios reales entre las necesidades del pueblo llano y la pantalla chica, han pasado a ser un apéndice de la línea editorial emanada desde Miraflores, tendiente en todo caso, a crear la “Hegemonía Comunicacional” tan pregonada por el propio Chávez en innumerables ocasiones.

Estamos pues, en presencia, de un gobierno con ínfulas de ser todopoderoso, que controla directa o indirectamente no menos de la mitad de los canales que salen al aire por televisión abierta en nuestro país. Resulta que ahora, al fin y al cabo, no son los grupos económicos los que en su mayoría dirigen la línea editorial de lo que día a día recibimos a través de nuestros telerreceptores; no, ahora es el Estado (¿O mejor dicho el caudillo único?), cada vez más abusivo, cada vez menos controlado por los poderes públicos, el que decide –como hacía el César en el Coliseo, según sus hormonas y su humor de ese día- qué es bueno y qué no es bueno que los venezolanos veamos a través de SU Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP).

En la Escuela de Comunicación Social de la UCV aprendí que los medios de comunicación, y en este caso las televisoras, tienen como fin último tres objetivos que, en mayor o menor cuantía, deben cumplir los canales a través de la programación que emiten diariamente, a saber: educar, entretener e informar a su tele-audiencia. Sin embargo, al encender la tv y sintonizar alguno de los canales que pertenecen al SNMP estos 3 principios se desdibujan rápidamente, además de que, entre uno y otro programa que por allí sale al aire, se hacen claras y expresas violaciones al instrumento legal que rige actualmente la actividad de los medios de comunicación en Venezuela: la llamada Ley Resorte.

Dígame usted si es que acaso informa imparcialmente un medio como el canal de la Asamblea Nacional (ANTV), dónde los diputados adscritos a los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática nunca son entrevistados. Cuénteme usted, estimado lector, si es que acaso contribuyen a su formación cultural y educativa programas como La Hojilla o Zurda Konducta, dónde el ejemplo se predica con la grosería a flor de labios y dónde el irrespeto al que no piensa como Chávez es la ley de quienes conducen estos espacios.

Desde principios de la década de los 60 el renombrado investigador de las comunicaciones en Venezuela, Antonio Pasquali, viene soñando con medios donde la participación de los usuarios sea efectiva y tangible, donde no sean los grandes intereses del capital y de los grupos económicos de turno los que dicten la pauta informativa del día a día. Pasquali, un tipo de izquierda más o menos emparentado ideológicamente con la neo-marxista escuela de Frankfurt, a través de sus ideas, ha venido haciendo contribuciones a lo que en su juicio sería un verdadero sistema de medios públicos en nuestro país, cosa que se concreta en su libro “Bienvenido Global Village”. Allí, básicamente, se justifica la intervención del Estado, -a través de los mecanismos que prevé la Constitución-, en la adjudicación de espacios en el sistema radioeléctrico a las comunidades, pero, escúchese bien, la cosa es adjudicar los espacios y dejar que luego sean los conglomerados sociales, los productores independientes, la gente con inquietudes artísticas, en fin, los ciudadanos como usted o yo, los que nos encarguemos, organizadamente, de alimentar las parrillas de programación de estos canales televisivos y emisoras radiales. Todo ello con el más puro sentido de amplitud y participación directa que pueda aplicar al caso.

Sin embargo, este gobierno, que en el fondo cree poco o nada en la pluralidad de opiniones y en una tv realmente abierta a la participación de TODOS, parece solo haber captado la mitad del mensaje de Pasquali. Entendieron pues que el Estado debía abocarse a la tarea de constituir nuevos canales televisivos, que de alguna manera hicieran contrapeso a la tv privada nacional, sin embargo, a posteriori no han cumplido con la premisa de dejar que estos nuevos medios asuman su papel de apertura y “servicio público”; constriñéndolos en cambio a ser meros canales de propaganda para el partido de gobierno y, por sobre todas las cosas, del líder máximo y su campaña electoral que opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Perdimos una gran oportunidad en Venezuela; botamos la bola, pero de foul. Entretanto, henos aquí, padeciendo en lenta y larga agonía al gobierno y SU SNMP.

Nehomar Adolfo Hernández