Corría el año 1998 en Venezuela y una de las promesas centrales de la campaña presidencial del candidato Hugo Chávez era la de reducir el burocratismo y el –considerado por él- excesivo número de carteras ministeriales que existían para la fecha en nuestro país. Juzgaba pues el Teniente Coronel que el aparato gubernamental venezolano se había tornado ineficiente, pesado, corrupto y cada vez más alejado de las necesidades reales del ciudadano común.
A finales de ese año Chávez ganó los comicios presidenciales y luego, contraviniendo su queja/promesa de campaña, comenzó paulatinamente a crear nuevos Ministerios y, además de ello, a designar como jefes de cartera a funcionarios activos y retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivarana (FANB).
Paralelamente a esto, Chávez concedió a nuestros militares la posibilidad de expresarse políticamente en las urnas, al eliminar de la Constitución Nacional todo el articulado referente a la subordinación de los militares al poder civil en Venezuela; otorgándoles además derecho al voto en todas las elecciones de funcionarios públicos. Se quebraba así la tradición -al menos en cuanto a la ley respecta- no-deliberante de nuestra Fuerza Armada Nacional establecida en décadas precedentes.
Durante su gobierno, Hugo Chávez fue incorporando paulatinamente a militares activos o retirados a puestos estratégicos del manejo del Estado. Ahora bien, avancemos un poco la película: el Teniente Coronel falleció en 2013 y designó como sucesor a Nicolás Maduro Moros, un civil que, habiendo ganado por estrecho margen las elecciones de abril de 2013 (y esto todavía está en entredicho), no ha desmontando en lo absoluto el gigantesco aparato estatal de la administración pública que le legara Chávez. De hecho, siendo civil, poco ha hecho Maduro para devolver a los militares a sus cuarteles. Por el contrario, ha designado en puestos clave de la administración pública y de la dirección del Estado venezolano a individuos venidos de las filas militares. Basta decir que, en la circunstancia actual, donde Venezuela atraviesa una severa crisis económica, aderezada además con una fuerte escasez en la producción y distribución de alimentos, el Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública recae en manos del General Rodolfo Marco Torres, al tiempo que el Ministerio del Poder Popular para la Soberanía Alimentaria está en poder de otro militar: el Teniente Coronel Yvan Bello Rojas.
Un trabajo publicado por el Diario ABC de España el 13 de febrero de 2015, retrata a profundidad la situación de la distribución de los Ministerios en el gobierno que encabeza Nicolás Maduro:
El Ejército tiene una fuerte presencia en el Ejecutivo de un régimen que, no puede olvidarse, hunde sus raíces en una conspiración militar y en el apoyo popular que sus promotores supieron granjearse. Son media docena los miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) con asiento en el Gobierno.
Amén de esto, es imposible obviar que otros espacios de poder regional y municipal (como buena parte de las gobernaciones de Estado y Alcaldías) también se encuentran hoy en manos de militares. Esto remite a lo que algunos de los estudiosos de la materia que tiene el país, como el Profesor Luis Alberto Buttó, han denominado como una “colonización militar” de la administración pública; ergo, un proceso en el que el núcleo central del aparato de gobierno está dirigido por militares, siendo que, en condiciones normales, estos puestos deberían estar bajo el mando de civiles.
Bajo este mismo razonamiento, por ejemplo, Maduro creó en abril de 2013 las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI), organismos gerenciados por oficiales militares de alto rango y que dividen administrativamente al país en zonas de desarrollo donde la gestión de gobierno es monitoreada por -oh sorpresa- estos funcionarios.
En resumen, la “alianza cívico-militar” instaurada por Chávez a principios de su gobierno ha ido acrecentándose a tal punto de que, en los tiempos que corren, Nicolás Maduro no tiene empacho alguno en admitir públicamente que los asuntos de importancia del gobierno venezolano son dirimidos y canalizados mediante una suerte de petit comité denominado como el “Alto Mando político-militar de la revolución”.
No hay cadena de radio y televisión en la que Maduro no aparezca flanqueado por hombres de verde oliva. No hay momento en que el Presidente Obrero deje de decir cosas como: “los militares están con el gobierno” (¿No será más bien que los militares SON el gobierno?). De igual forma, los escándalos de lavado de dinero, compra de suntuosas propiedades en países del primer mundo, vinculaciones con carteles de la droga y todas las formas de corrupción habidas y por haber, no dejan de salpicar a militares que detentan o han detentado cargos gubernamentales en los últimos años.
Al final del día, todo parece indicar que Maduro no puede tomar decisiones de manera autónoma. Debe, como el equilibrista de circo, vigilar cuidadosamente cada paso. No vaya a ser que en una de esas le termine pisando un callo a unos militares que, desde la dictadura de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, no habían gozado de tantos privilegios personales y de una injerencia tan directa en las decisiones de gobierno…
Nehomar Adolfo Hernández
@Neoadolfo
Nehomar Adolfo Hernández
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