La televisión de servicio público ha venido siendo una iniciativa responsablemente implementada por muchos gobiernos del mundo, utilizada para democratizar el acceso al espectro radioeléctrico; es decir, dotar al pueblo – sin sesgo político alguno- de emisoras de radio y canales de tv para que difundan sus propios contenidos y reflejen las necesidades de sus comunidades, todo ello sin estar sujetos al condicionamiento de las políticas editoriales de los grandes medios, que, como todos sabemos responden a los intereses económicos y políticos de sus dueños.
Como recientemente acota en una entrevista a Noticias 24 el Profesor de la Escuela de Comunicación Social de la UCV, Manuel Sáinz, la experiencia de la radio-televisión comunitaria (canales y emisoras de servicio público), no tiene nada de malo, siempre y cuando quienes dirijan su política editorial sean los propios ciudadanos y no los partidos o gobernantes de turno. Sin embargo, al situarnos en el caso Venezuela la cosa no parece ser color de rosa como la pintan en el papel. Muy por el contrario, en nuestro país, canales de tv como VIVE TV, Ávila TV, TVES o Catia TV, originalmente creados con la orientación del mentado servicio público, están muy lejos de ejercer esta función. Estas televisoras, en vez de ser intermediarios reales entre las necesidades del pueblo llano y la pantalla chica, han pasado a ser un apéndice de la línea editorial emanada desde Miraflores, tendiente en todo caso, a crear la “Hegemonía Comunicacional” tan pregonada por el propio Chávez en innumerables ocasiones.
Estamos pues, en presencia, de un gobierno con ínfulas de ser todopoderoso, que controla directa o indirectamente no menos de la mitad de los canales que salen al aire por televisión abierta en nuestro país. Resulta que ahora, al fin y al cabo, no son los grupos económicos los que en su mayoría dirigen la línea editorial de lo que día a día recibimos a través de nuestros telerreceptores; no, ahora es el Estado (¿O mejor dicho el caudillo único?), cada vez más abusivo, cada vez menos controlado por los poderes públicos, el que decide –como hacía el César en el Coliseo, según sus hormonas y su humor de ese día- qué es bueno y qué no es bueno que los venezolanos veamos a través de SU Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP).
En la Escuela de Comunicación Social de la UCV aprendí que los medios de comunicación, y en este caso las televisoras, tienen como fin último tres objetivos que, en mayor o menor cuantía, deben cumplir los canales a través de la programación que emiten diariamente, a saber: educar, entretener e informar a su tele-audiencia. Sin embargo, al encender la tv y sintonizar alguno de los canales que pertenecen al SNMP estos 3 principios se desdibujan rápidamente, además de que, entre uno y otro programa que por allí sale al aire, se hacen claras y expresas violaciones al instrumento legal que rige actualmente la actividad de los medios de comunicación en Venezuela: la llamada Ley Resorte.
Dígame usted si es que acaso informa imparcialmente un medio como el canal de la Asamblea Nacional (ANTV), dónde los diputados adscritos a los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática nunca son entrevistados. Cuénteme usted, estimado lector, si es que acaso contribuyen a su formación cultural y educativa programas como La Hojilla o Zurda Konducta, dónde el ejemplo se predica con la grosería a flor de labios y dónde el irrespeto al que no piensa como Chávez es la ley de quienes conducen estos espacios.
Desde principios de la década de los 60 el renombrado investigador de las comunicaciones en Venezuela, Antonio Pasquali, viene soñando con medios donde la participación de los usuarios sea efectiva y tangible, donde no sean los grandes intereses del capital y de los grupos económicos de turno los que dicten la pauta informativa del día a día. Pasquali, un tipo de izquierda más o menos emparentado ideológicamente con la neo-marxista escuela de Frankfurt, a través de sus ideas, ha venido haciendo contribuciones a lo que en su juicio sería un verdadero sistema de medios públicos en nuestro país, cosa que se concreta en su libro “Bienvenido Global Village”. Allí, básicamente, se justifica la intervención del Estado, -a través de los mecanismos que prevé la Constitución-, en la adjudicación de espacios en el sistema radioeléctrico a las comunidades, pero, escúchese bien, la cosa es adjudicar los espacios y dejar que luego sean los conglomerados sociales, los productores independientes, la gente con inquietudes artísticas, en fin, los ciudadanos como usted o yo, los que nos encarguemos, organizadamente, de alimentar las parrillas de programación de estos canales televisivos y emisoras radiales. Todo ello con el más puro sentido de amplitud y participación directa que pueda aplicar al caso.
Sin embargo, este gobierno, que en el fondo cree poco o nada en la pluralidad de opiniones y en una tv realmente abierta a la participación de TODOS, parece solo haber captado la mitad del mensaje de Pasquali. Entendieron pues que el Estado debía abocarse a la tarea de constituir nuevos canales televisivos, que de alguna manera hicieran contrapeso a la tv privada nacional, sin embargo, a posteriori no han cumplido con la premisa de dejar que estos nuevos medios asuman su papel de apertura y “servicio público”; constriñéndolos en cambio a ser meros canales de propaganda para el partido de gobierno y, por sobre todas las cosas, del líder máximo y su campaña electoral que opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Perdimos una gran oportunidad en Venezuela; botamos la bola, pero de foul. Entretanto, henos aquí, padeciendo en lenta y larga agonía al gobierno y SU SNMP.
Nehomar Adolfo Hernández
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